Ciudad de México. Las entidades federativas son altamente dependientes de las transferencias federales y, por lo tanto, son vulnerables a cambios en su crecimiento pues las transferencias federales conformaron 91.3 por ciento de los ingresos totales de los estados de 2014 a 2018, advirtió esta mañana la calificadora internacional de valores Moody’s.
Señaló que en 2020 las transferencias federales aumentarán tan sólo 4.1 por ciento, muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio de 6.7 por ciento registrada en el período 2012-19, generando presión en las finanzas de los estados mexicanos.
Sin embargo, algunas iniciativas recientes para aumentar ciertos impuestos e implementar medidas para la recaudación de nuevos pudieran contrarrestar algunas de estas presiones.
“Los estados mexicanos son vulnerables a cambios en el crecimiento de las transferencias federales dados los bajos ingresos propios”, alertó la firma financiera.
Los ingresos propios de los estados representaron en promedio sólo 8.7 por ciento de los ingresos totales de 2014 a 2018, mientras que las transferencias federales (transferencias no etiquetadas o participaciones y las transferencias etiquetadas, aportaciones y convenios) representaron 91.3 por ciento de los ingresos totales.
Consideró que el PIB estatal y el grado de pobreza impactan la recaudación de ingresos propios. Explicó que dos factores determinantes de la recaudación de ingresos propios son el PIB y los niveles de pobreza.
Por ejemplo, estados con una economía más fuerte y menores niveles de pobreza, tales como Quintana Roo y Chihuahua tienen mayores ingresos propios. En contraste, estados con una población pobre y dispersa y con un PIB bajo como Chiapas y Guerrero tienen menores ingresos propios y enfrentan mayores restricciones para aumentar su recaudación de impuestos.
En 2020 nueve estados mexicanos –equivalente a 29 por ciento de 31 estados de México, sin considerar a Ciudad de México– han aumentado sus impuestos o implementado medidas para aplicar nuevos impuestos.
Estos estados incluyen a Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Las iniciativas incluyen el aumento de las tasas de los impuestos sobre nóminas y de hospedaje u hoteleros, así como la implementación de nuevos impuestos (incluyendo impuestos ambientales, sobre bebidas alcohólicas y sobre juegos de azar).
