Ciudad de México. La Coparmex Ciudad de México instó al Congreso local a desechar la iniciativa de ley que busca regular el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública y la ley de trabajadores no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público. También llamó a abrir a un ejercicio ciudadanizado, que involucre a todos los actores y garantice que sus voces sean escuchadas la discusión de una iniciativa sobre este tema.

La Coparmex advirtió que el dictamen de la iniciativa de ley representa un inminente riesgo para la competitividad, la seguridad pública, el desarrollo urbano, los programas de desarrollo parcial, y no contempla los riesgos de protección civil, los programas de planeación de la ciudad y no incentiva el desarrollo de la economía formal en la capital.

“Más allá de salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas prestadores de servicios por cuenta propia y comerciantes en vía pública -la iniciativa presentada por la lideresa del comercio ambulante y diputada local por Morena María Rosete Sánchez en su calidad de representante del comité promotor-, pretende reglamentar una ley que no observa la normatividad vigente y adjudicar el espacio público a los intereses de quienes han controlado el comercio de forma irregular en la vía publica”, dijo el organismo en voz de su presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático, Claudia Guzmán.

El espacio público corresponde a una parte fundamental del derecho a la Ciudad, por lo que regularlo y regular las actividades que se pueden o no desarrollar en él afecta directamente el ejercicio de otros derechos, aseveró Guzmán durante una conferencia de prensa que ofreció vía Internet.

Indicó que si bien la constitución local considera la obligación de contar con una ley que determine los procesos de regularización del trabajo no asalariado en el espacio público, el mandato señala que debe ser a partir, primero, de la regulación gradual en materia urbana de espacio público fiscal, de salud pública y de seguridad social y no al revés como propone el citado dictamen, la cual se impulsa al mismo tiempo que se está dejando de lado la ley de espacio público.

Tal como plantea la iniciativa presentada por Rosete, se contrapone a la carta magna respecto a la concepción del derecho a la ciudad y el espacio público por lo que es necesario generar una visión integral del espacio público que corresponde a bienes de uso común y tiene una función política, educativa cultural lúdica y recreativa, agregó.

Guzmán, señaló, que en ese sentido el espacio público corresponde a una parte fundamental del derecho a la ciudad por lo que regularlo es regularlo  

Aunado a lo anterior, no existe vinculación entre el citado dictamen y lo establecido en el artículo 15 de la Constitución de la CDMX, pues no se incorporan o mencionan las relaciones con el Desarrollo y Planeación Democrática, particularmente con instrumentos como el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial, entre otros, insistió.

Tampoco se identifican mecanismos conjuntos de participación ciudadana a fin de garantizar un óptimo aprovechamiento del espacio público, añadió durante la conferencia de prensa.

La iniciativa señala también que las personas referidas en la iniciativa de ley tendrán derecho a asociarse para la defensa de sus intereses, asimismo que dichas asociaciones deberán respetar los derechos de sus agremiados.

“Lo que advierte abrir una puerta a la cooptación, un riesgo que incentiva la creación de estas asociaciones con un claro vínculo político, cuota partidista u otros fines distintos a la representación de los derechos de los agremiados, pues aunque la iniciativa señala que deberán respetar sus derechos, no existe un reglamento que lo garantice” añadió.

Ante este riesgo, “es fundamental asegurar que se regule el derecho al trabajo con la observación de leyes que ya lo garantizan y se descarte con la pretensión de aprobar este dictamen, un instrumento para que las asociaciones representen una simulación para ofrecer un mecanismo de usufructo político y partidista, generando evidentes lazos de corrupción en la gestión del espacio público, en perjuicio de la democracia de la ciudad, del derecho a la ciudad y de la participación ciudadana”.

Indicó que la Coparmex propone: Establecer un piso parejo en la actividad económica de la Ciudad, evitando leyes desiguales, por un lado con un exceso de regulación como lo es la Ley de Establecimientos mercantiles frente a esta iniciativa que no promueve, el crecimiento económico de la Ciudad.

 Dos, que se considere en esta ley a la ciudadanía, a los pueblos indígenas, originarios y barrios y su relación con el espacio público, promoviendo su participación en la planeación y respetando los programas ya prexistentes de desarrollo parcial, que contemplan el aprovechamiento de los servicios públicos y presupuestos participativos, para la cohesión social y la sana convivencia en los mismos, evitando la violación de los derechos preexistentes de los habitantes de la capital.

Asimismo exhorta al congreso a generar un verdadero debate en las comisiones en el Congreso en la materia y evitar que se contrapongan con otras iniciativas en proceso de dictaminación.

De la misma forma pide se deseche la discusión de esta iniciativa, “pues representa un incentivo a la informalidad y a la construcción de clientelas políticas, la figura de asociaciones, no es absoluto un mecanismo de protección de derechos, obedece al control de no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia, y comerciantes en la vía pública, a través de la figura de agremiados, pues estravés de las asociaciones como se otorgarán los permisos que la autoridad determine y no a los trabajadores de manera directa.

Por otro lado exige al congreso el respeto a leyes ya existentes así como iniciativas que observen el crecimiento, la competitividad y los empleos formales, a fin de disminuir el crecimiento del comercio hasta ahora informal y el trabajo no asalariado en la vía pública, contar con patrones transparentes, registrados fiscalmente, que paguen impuestos y cumplan con todas sus obligaciones fiscales.