Ciudad de México. La liberación de Mónica Esparza Castro, quien permaneció más de siete años en la cárcel por delitos que no cometió, se debió en buena medida al trabajo “eficiente” de un comité interinstitucional en el que colaboran diversos organismos del Estado mexicano, pero que hoy no tiene un estatus jurídico sólido ni recursos económicos propios, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ordenó su fortalecimiento.
Así lo indicó la abogada Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien señaló que el de Esparza no es un caso aislado, sino que forma parte de un escenario generalizado de agresiones sexuales contra mujeres cuando son detenidas por las fuerzas de seguridad en México.
Como este diario adelantó desde el viernes, un juzgado de distrito con sede en Torreón, Coahuila, ordenó la liberación de la mujer, su hermano Edgar y un tercer hombre coacusado en los hechos, quienes habían sido señalados como responsables de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Esparza fue víctima de tortura sexual y amenazas para obligarla a declararse culpable.
Desde 2015, recordó Brewer en conferencia de prensa, se creó un mecanismo interinstitucional –coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres—que se encarga de recopilar y analizar información relativa a episodios de tortura sexual. En el caso de Esparza Castro, el dictamen de ese organismo ayudó al juez a emitir una sentencia absolutoria.
Pese a ello, dicho mecanismo no cuenta con un marco normativo fuerte ni con recursos económicos ni humanos propios, por lo que la CIDH ya le ordenó al Estado mexicano que lo fortalezca, lo cual podría incidir en que más mujeres víctimas de malos tratos de índole sexual recuperen su libertad, en caso de estar injustamente presas.
Un dato que muestra el carácter generalizado de ese tipo de abusos, dijo, es que según datos oficiales, hasta 40 por ciento de las mujeres detenidas acusan haberlos padecido.
Por su parte, Mónica Esparza –acompañada por su madre y sus dos hijas—agradeció al Centro Prodh por su asesoría jurídica y subrayó la importancia de que las víctimas de tortura sexual “alcen la voz” y recuperen su vida.
