Madrid. Con más de cuatro mil 300 personas infectadas y 122 fallecidos, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia extraordinaria que a partir de este sábado se decretará el “estado de alarma” en todo el país. Esta medida excepcional le permitirá limitar la libre circulación de las personas e intervenir en la competencia de todas las administraciones públicas para haya un solo mando de la crisis.
El ritmo vertiginoso con el que evoluciona la crisis del Covid-19 ha obligado a reaccionar de nuevo al mandatario español, menos de 24 horas después de que celebrase un Consejo de Ministros extraordinario en el que descartó el cierre del país y la paralización de las actividades del grueso de la población. Pero la evolución de la pandemia es cada vez más preocupante, no sólo por el número de contagiados y fallecidos, sino también por la situación dramática de los hospitales -con ausencia de materiales básicos algunos y pacientes hacinados-, además de los estragos que está provocando en la economía, sobre todo en el sector turístico y en el de servicios.
Con gesto serio y visiblemente nervioso, Sánchez realizó una declaración institucional sin derecho a preguntas en la que explicó que había decidido decretar el “estado de alarma” para los próximos 15 días para enfrentar una “crisis extraordinaria”. El mandatario explicó que para ello se celebrará un nuevo Consejo de Ministros extraordinario -el segundo en 48 horas-, en el que se adoptarán las decisiones concretas del decreto, que, según sus palabras, “estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos y sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros padecimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia”.
Una vez aprobado el decreto se tendrá que remitir al Congreso de los Diputados, en donde además cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. De hecho antes de que adoptara esta medida, al menos dos grupos destacados de la oposición -Vox y Ciudadanos- le habían pedido que decretara de manera urgente el estado de alerta.
En cualquier caso, Sánchez insistió en que todavía falta lo peor por llegar: “Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente Europa. Nos esperan semanas duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10 mil afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias tanto internacionales, nacionales y autonómicas está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen atención hospitalaria”.
El mandatario español también reconoció que “tardaremos semanas” en acabar con la crisis y que en este trance habrá “daños humanos, económicos y sociales”.
El “estado de alarma” está regulado en el artículo 116 de la Constitución y y autoriza al gobierno a adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los que se encuentran las “epidemias y situaciones de contaminación graves”. Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles “servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza”.
Mientras tanto los contagios siguen propagándose, sin tregua y a una velocidad de vértigo -sólo en 24 horas ya hay mil personas más con la enfermedad, en total cuatro mil 300, de los cuales 122 han muerto-, con lo que empiezan a aflorar más medidas de excepción. En la Comunidad de Madrid se decretó el cierre hasta nuevo aviso de los bares, las discotecas y los restaurantes de toda la región, sin excepción, mientras que en Cataluña y el País Vasco se declaró el “estado de alerta” que permite el confinamiento de amplías franjas de la población. En la localidad barcelonesa de Igualada ya se adoptó, con 76 mil personas que no podrán salir de un perímetro específico.
En la Comunidad de Madrid, donde está el principal foco de contagio, la situación es cada vez más grave, sobre todo en los hospitales, donde ya empiezan las campañas a donantes para conseguir más sangre, pero también ante la falta de recursos médicos básicos que van desde aparatos respiratorios, mascarillas o guantes. De hecho, para paliar la más que probable falta de camas para los enfermos, el gobierno regional ya trazó un plan con la sanidad privada e, incluso, con varias cadenas de hoteles para convertirlos en caso de que sea necesario en hospitales emergentes. Porque, según todos los expertos y los propios mandatarios madrileños, “todavía falta lo peor por llegar” y “las próximas tres semanas serán muy duras, muy difíciles”.
Las autoridades vascas, presididas por el nacionalista Íñigo Úrkullu, decidió decretar también el “estado de alerta” ante lo que ya considera una situación de extrema gravedad, con lo que también podría declarar en las próximas horas o días el confinamiento de poblaciones enteras.
En lo que todos coinciden, tanto dirigentes políticos como expertos científicos, es en que “lo peor está aún por llegar”.