Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión de la que fue objeto la periodista Mireya Ulloa Valencia, directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien fue apuñalada cuando llegaba a su domicilio en ese municipio veracruzano, la madrugada del miércoles.
En un comunicado, el organismo autónomo solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “realizar una investigación exhaustiva y expedita para que esta agresión no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico”.
Tras el atentado, recordó la CNDH, la periodista fue trasladada por sus familiares a una clínica particular donde le dieron atención médica por las heridas ocasionadas en el abdomen con arma blanca, y en la cual se le reportó como estable.
“De acuerdo con información del periódico La Opinión, la propia Ulloa Valencia denunció la agresión a la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP), de la que, según ese medio, no obtuvo el apoyo, ya que su titular, Jorge Morales, minimizó el caso calificándolo de un simple asalto con violencia; no obstante, se afirma que la agresión fue directa y en ningún momento el atacante intentó llevarse las pertenencias de la comunicadora”, subrayó la Comisión.
Al tener conocimiento de lo ocurrido, personal del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH se puso en contacto con la periodista “para ofrecerle toda la ayuda y asesoría que requiera; asimismo se habló con directivos de su medio de comunicación, y con funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, instancia que inició un expediente de queja para la investigación de los hechos”.
La Comisión señaló que “las agresiones a periodistas son hechos inaceptables y reprobables, que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto, porque afectan la libertad de expresión, pilar de la democracia mexicana”.
En ese marco, recordó que, de acuerdo con cifras de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles, desde el año 2000 se han cometido 156 homicidios de periodistas; desde 2005, 21 comunicadores se encuentran desaparecidos, y desde 2006 se han perpetrado 54 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.