Toluca, Mex. Mujeres militantes y simpatizantes del PRD clausuraron este mediodía y de manera simbólica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el alta incidencia que existe de feminicidios y la impunidad que priva para detener y encarcelar a los responsables.

Encabezadas por la diputada local, Araceli Casasola, las perredistas fustigaron a la Fiscalía pues para las mujeres que sufren algún tipo de violencia o los familiares de víctimas de feminicidio o desaparición, les sigue resultando tortuoso iniciar una denuncia y más aún esperar a que el ministerio público instruya la investigación del caso.

La diputada consideró que a pesar de que se han realizado reformas legales para atender de mejor problema los delitos relacionados con violencia de género, la Fiscalía poco ha avanzado en mejorar la integración de las carpetas de investigación.

“El tiempo de atención a víctimas o familiares de víctimas se extiende por horas. No existe una real investigación, sino que las víctimas o sus parientes deben presentar pruebas necesarias para que se inicie la indagatoria, si no el expediente se remite al archivo”, dijo la Casasola.

Criticaron que la coordinación entre los agentes del ministerio público y la policía de investigación es deficiente, pues muchas veces se pierden evidencias por no hacer de forma rápida y diligencia la inspección en el lugar de los hechos y el personal que existe en el área de periciales es escaso como para poder atender todos los asuntos.

También acusaron que en ninguna agencia del ministerio público cuenta con médico legista para dar atención a las víctimas de violencia de género, por lo que el certificado correspondiente dilata varias horas o no se realiza y esto genera impunidad.

Las mujeres exigieron que se transparente el uso de los recurso de la Fiscalía pues para este año se asignaron más de 4 mil millones de pesos de presupuesto y más de 100 para financiar acciones para atender la violencia de género.

Demandaron que la Fiscalía coloque a un médico legista mujer en cada agencia del ministerio público , que se instalen agencias especializadas en violencia familiar, sexual y de género, elaborar un manual de operación para el personal de este órgano autónomo, realizar campañas para exhortar a que se denuncien ilícitos y permitir que las organizaciones no gubernamentales pueda colaborar en el diseño de programas para atender los delitos relacionados con la violencia hacia la mujer.