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Informa SFP sobre sanción por dichos misóginos a Mireles

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El subdelegado del Issste en Michoacán, José Manuel Mireles en imagen de archivo. Foto Víctor Camacho / Archivo
09 de marzo de 2020 21:46

Ciudad de México. Las expresiones misóginas expresadas en septiembre pasado por el subdelegado en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), José Manuel Mireles Valverde, le costaron una amonestación pública y una suspensión de cinco días hábiles.

Esta noche, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que a través del Órgano Interno de Control (OIC) del Issste se sancionó a Mireles -líder de las autodefensas michoacanas- "luego de que utilizara de manera reiterada palabras despectivas y peyorativas en contra de derechohabientes y mujeres en general".

En dos actos públicos, el funcionario llamó "nalguitas" y "pirujas" a mujeres y derechohabientes del Instituto, lo que generó una serie de críticas, incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y diversos sectores, incluido el Senado, llamaron a su destitución.

Frente a esto, la SFP inició una investigación en septiembre de 2019, para determinar si el funcionario contravino el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal "al utilizar palabras denigrantes en dos eventos oficiales", los días 4 y 9 de ese mismo mes, en Apatzingán y Uruapan.

Tras las indagatorias, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval, determinó sancionar con una amonestación pública y una suspensión de cinco días hábiles a Mireles.

"Cabe recordar que el Código de Ética mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres, evitando cualquier menoscabo a la dignidad humana, los derechos y libertades o que constituya alguna forma de discriminación. Y establece que las personas servidoras públicas deberán eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente", señaló la SFP.

Agregó que durante todo el proceso, el OIC garantizó el derecho de audiencia del servidor público. "En estricto respeto a sus derechos, la Función Pública respetará cualquier recurso que desee interponer ante las instancias correspondientes".

 

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