San Cristóbal de Las Casas, Chis. Gustavo Castro Soto, quien está vivo “de milagro”, pues lo dieron por muerto, lamentó que a cuatro años del asesinato de la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, sólo se ha hecho “justicia a medias”.

“El asesinato de Bertha Cáceres me recuerda sobre todo la gran impunidad que se vive en Honduras, el grado de ilegalidad, un narco Estado en el que la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos están en todos lados”, dijo.

Entrevistado en esta ciudad, Castro Soto, integrante de la agrupación Otros Mundos, señaló que “hay que seguir exigiendo que se haga justicia”, pues hasta ahora sólo ha habido un juicio ilegal, amañado y se sentenció a siete de los ocho imputados a 30 años de cárcel por el asesinato de Bertha y 16 años y tres meses por el asesinato en grado de tentativa en mi contra”.

Agregó que “la justicia está a medias porque finalmente los que planearon, ejecutaron, compraron a la gente y dieron el dinero están libres, que son los integrantes de la familia Atala, una de las más ricas de Honduras; son los autores intelectuales”.

Precisó que “sólo están en la cárcel siete personas: El gerente de la empresa Desa, un militar, un exmilitar y un grupo de sicarios”.

Recordó que el 2 de marzo de 2016, fecha en la que fue asesinada la dirigente social en Honduras, ambos estaban en la misma casa, pero el “sicario” que le disparó a él lo dio por muerto.

“Me apuntó a la cara, pero una millonésima de segundos antes me moví y la bala me rozó y me tumbó un pedazo de oreja. Me dieron por muerto. Fue un milagro porque me moví y el agresor, que estaba a dos metros, pensó que me había matado”, recordó.

—¿Iban por ti también?

—Sí. En un segundo plano, porque el objetivo inicial era asesinarla sólo a ella, pero cuando estábamos en su casa, nos vieron, estaban alrededor y en ese momento decidieron ir por los dos. Los sicarios nos vieron entrar, yo tenía prendida la luz de mi cuarto y sabían que estaba ahí. Al final decidieron matarnos a los dos. A ella la hirieron y unos minutos después murió.

Después de quedar herido, el activista fue protegido por la entonces embajada de México en Honduras. Luego de un mes pudo salir hacia México. “Me querían inculpar y me prohibieron ilegalmente salir del país, pero la embajadora me protegió”.

De 55 años de edad, manifestó que el hecho lo ha “marcado para toda la vida. Es un antes y un después. Ha marcado también a muchos movimientos y al mismo gobierno de Honduras. Es antes y después del asesinato de Bertha porque el golpe político fue muy alto”.

En su opinión, la destrucción del ambiente mediante la explotación de minas y la imposición de megaproyectos “sigue no sólo en Honduras, sino en toda la región, porque en la medida en que han avanzado los tratados de libre comercio, todo se ha privatizado: Proyectos de oleoductos, gasoductos, carreteros, frackin, petróleo, palma de aceite y represas, lo que implica disputarse el territorio con la gente. Ahora está más fuerte la confrontación”.

Sostuvo que “la criminalización, no tanto a individuos como a colectivos, es alta y se agudizará, y ha logrado en cierta medida que la movilización se detenga, pero hay que seguir en la lucha, no tiene uno alternativa porque es defender la vida”.

Consideró que desde hace cuatro años de haber sido asesinada Cáceres, a la fecha, “hay mucho más riesgo para los ambientalistas porque en el marco de los tratados, los gobiernos y las mismas empresas han tenido que blindar sus inversiones”.

Aseguró que “en la medida en que no se les permite explotar las concesiones, las trasnacionales demandan a los gobiernos porque no cumplen con los acuerdos de libre comercio, no cambian una legislación, suspenden un megaproyecto o una concesión por violaciones al medio ambiente; son demandas de millones de dólares, y los gobiernos prefieren reprimir y criminalizar que pagar tanto dinero; eso lo estamos viendo inclusive con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.