Ciudad de México. La tensión de la disputa por la modificación a la norma que regula el etiquetado de productos preenvasados y bebidas no alcohólicas escaló su nivel, luego de que Alfonso Guati Rojo Sánchez, director general de Normas en la Secretaría de Economía (SE) fue acusado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de amenazar a la jueza que otorgó el amparo a las empresas, hecho que rechazó el funcionario.
El funcionario comentó en entrevista que la información revelada por el sector industrial “es una total mentira”. Dicho organismo, que en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso un amparo para evitar la publicación de la Norma 051, la cual pondrá octágonos negros 80 por ciento de los productos procesados del mercado, indicó que Guati Rojo Sánchez acudió con la juez de distrito para amagar con acabar su carrera.
Entrevistado en el contexto de la entrega de reconocimiento del Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (Sismenec), el funcionario sostuvo que dichas declaraciones tergiversan la información porque está en curso un proceso legal y con esas declaraciones quieren cambiar las cosas.
Admitió que sí acudió al juzgado, pero solo para plantear los que estima que es correcto y a informar que se presentaría un recurso de queja, mismo que está por resolver el juzgado de distrito eso es lo que sucedió.
“Nunca hubo una amenaza. La palabra que yo utilice textualmente es ‘no estoy de acuerdo con la resolución que usted dicta y voy a presentar recurso de queja’ y eso no puede considerarse como una amenaza en ningún sentido, porque es un derecho que tienen todos los gobernados e incluso las autoridades”, insistió.
Abundó que él ha hablado con la jueza tres veces desde el martes de la semana anterior, porque estima que no era propio haber admitido la demanda porque la norma no ha entrado en vigor.
Después de ello, la jueza dictó la resolución de suspensión, a lo cual Guti Rojo Sánchez expresó que no estaba de acuerdo porque “está en juego una regulación que está en favor de la salud”.
Indicó que la industria ha mentido desde el principio, pues acusó que es falso que ellos no hayan tenido oportunidad de ser escuchados como argumenta la iniciativa privada.
“Si hay algo de lo que podemos estar orgullosos es de que este proceso se llevó a cabo de una forma transparente, incluyente, como nunca antes en este país“, apuntó.
“Sólo en un tema no hubo consenso y no puede decirse que por un tema fue un cochinero y por eso eso no se vale, esas son mentiras”, dijo.
Rechaza reconocimiento
Talía Vázquez Alatorre, subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien recibiría este viernes uno de los reconocimientos que otorga el Sismenec, rechazó dicho galardón, por que no lo consideró ético, sobre todo porque proviene de un organismo que se encarga de certificar que laboratorios cumplan las normas.
En entrevista la funcionaria dijo que la iniciativa privada está en su derecho de acceder al amparo, pero no a decir mentiras.
“Nunca, nunca llevaron a las 14 sesiones ni un solo estudio técnico ni un papel doblado, ni un estudio”, para defender su posición sobre el etiquetado.
Comentó que el procedimiento de cabildeo en mesas de alto nivel está mal, porque no es través de esa forma como se emiten las normas.
“Para nosotros el amparo es improcedente, pero no somos autoridad jurisdiccional, porque la norma no se ha publicado por lo tanto el amparo sería improcedente”, acotó.
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aseguró que la posición del sector agroalimentario no fue un proceso justo, porque no integral. Comentó que la iniciativa privada estaba totalmente de acuerdo en abatir la obesidad de este país, pero es responsabilidad compartida entre la Secretaría de Salud, el sector agro alimentario. “Estuvimos en una mesa de negociación por órdenes del señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y esa mesa no pudo avanzar, lo lamentamos”, apuntó.
