Chihuahua. Más de 200 indígenas rarámuris provenientes de las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, en la Sierra Tarahumara, marcharon desde el templo jesuita Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo al Palacio de Gobierno de Chihuahua, para exigir justicia a 10 años del asesinato del abogado Ernesto Rábago Martínez, crimen que permanece impune.

Hombres, mujeres y niños indígenas acudieron a una misa en el templo jesuita Sagrado Corazón de Jesús, después caminaron a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno y antes protestaron en la Fiscalía, en demanda de justicia y castigo a los culpables del homicidio.

Gobernadores indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi leyeron un documento en el que denunciaron que el asesinato del abogado se mantiene en total impunidad, “las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado”.

“La muerte de Ernesto Rábago fue una consecuencia directa de su trabajo a favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal del ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela”.

“Hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra, por grupos que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas”.

Ernesto Rábago fue abogado y defensor de derechos humanos quien junto a su esposa Estela Ángeles Mondragón, a través de la asociación Bowerasa A.C., representó a los indígenas en la defensa de su territorio.

La defensa legal que Ernesto Rábago emprendió para la recuperación del territorio de Baquéachi, en el municipio de Carichí, ante la apropiación de mestizos que realizaban actividades de ganadería, provocó que recibiera amenazas y agresiones.

En el mes de marzo de 2009, las oficinas de Bowerasa A.C. en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con bombas molotov, un año después, en febrero de 2010, la hija del abogado fue víctima de un intento de homicidio.

Días después, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado por sicarios que irrumpieron en la oficina de la asociación civil, y el crimen se vincula directamente a las acciones jurídicas que emprendió para defender a la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer el asesinato, tampoco se ha dado castigo a los culpables.

Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió una lucha por la defensa de su territorio, que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido invasiones de mestizos dedicados a la ganadería.

Ganaderos del municipio aledaño de Nonoava despojaron a los rarámuris de 7 mil 800 hectáreas, mientras que ganaderos de Carichí pretenden apropiarse de 25 mil hectáreas.

Después de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de territorio.

A la fecha, la abogada Estela Ángeles ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que afecta con la defensa del territorio indígena.

El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con acusaciones falsas, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.