Ciudad de México. El aumento de los años en prisión y la instauración de la pena de muerte no erradicarán la comisión de delitos de alto impacto, como el feminicidio, homicidio doloso o secuestro, ante las condiciones de impunidad que se viven y ha provocado que la cifra negra de los ilícitos esté por encima del 90 por ciento, en la última década, afirmó la fundación Reinserta.

Calificó de “oportunismo político”, la postura de diputados federales del partido Verde Ecologista de México, encabezados por su coordinador Arturo Escudero; y de algunos integrantes de la bancada de Morena sobre implementar reformas constitucionales a efecto de instaurar la pena de muerte en el país.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa planteada, que alude a tratados internacionales, dicha sanción se aplicaría en casos de homicidio doloso y feminicidio de personas menores de 18 años, bajo la justificación de que podría ayudar a reducir la incidencia de dichos delitos.

Argumentó la necesidad de dicha acción, ante un sistema de justicia débil, donde existe la posibilidad de que quienes cometen esos ilícitos, pueden recuperar su libertad y sigan delinquiendo al interior de los centros de reclusión, lo cual “descalificamos rotundamente, pues lucra con el dolor de las víctimas de los sucesos tan crueles recién acontecidos”.

Se trata de una propuesta regresiva y discorde con la tendencia internacional sobre tutela de derechos humanos, pero más allá de eso, no es, de ningún modo una medida que prevenga y erradique la comisión de tan lesivos delitos, como tampoco el endurecimiento de penas, pues la tasa de secuestros y homicidios mantienen una tendencia al alza.