El juez magistrado Robert Levy consideró que el paquete de fianza ofrecido por García Luna no era suficientemente fuerte ya que los garantes –que entre ayer y hoy se incrementaron de cuatro (incluyendo la esposa) a 10– no estaban colocando propiedades y otros bienes como respaldo en su papel como fiadores. Indicó que una propiedad valorada en 1.2 millones de dólares, que es el único respaldo para la fianza de un millón de dólares, era del acusado, y por lo tanto no era un disuasivo suficiente de una potencial fuga.

Pero el juez subrayó que éste no es un caso fácil y que no se trata de alguien que represente un peligro para la comunidad si es liberado y, por lo tanto, que su decisión no implicaba que ningún paquete era aceptable.

Por ello, el abogado defensor César de Castro indicó a reporteros, al concluir la audiencia, que el juez había dicho que existe una posibilidad para una fianza y procederá para preparar una nueva propuesta más fuerte próximamente. Argumentó durante la sesión que entre los garantes está un ex agente de la FBI que le dijo estar dispuesto a apoyar con lo que pueda a García Luna, ya que trabajé con él y es un buen hombre.

De Castro rechazó el argumento de la fiscalía acerca de que existe un grupo de poderosos funcionarios mexicanos corruptos que buscarían ayudar a García Luna, afirmando: no sé de qué están hablando, y que no han identificado a nadie, y nadie nos está ayudando. Comentó que su cliente estaba preparado para esto y que sigue luchando.

Por el lado de la fiscalía se reiteraron los argumentos de que los garantes parecen ser empleados de García Luna y que no cuentan con suficientes recursos para respaldar el monto de la fianza. Más aún, las propiedades del propio acusado podrían ser abandonadas por él si decide fugarse ante la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel, y porque supondría que serían confiscadas por las autoridades estadunidenses si es enjuiciado y condenado en aquel país.

El gobierno insistió en que el acusado representa un riesgo de fuga inaceptable ya que cuenta con una red de ex funcionarios corruptos (mexicanos) quienes son sus co-conspiradores. No se identificaron sus nombres y es la primera vez que se empleó esa frase, provocando especulación de que podría haber cargos ya formulados contra otros que trabajaban o conocían a García Luna.

En la segunda sesión para la petición de libertad bajo fianza mientras García Luna aguarda su juicio –aún no programado– por cargos de colaborar con el cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, el acusado estaba al lado de su abogado ante el juez en su uniforme de prisionero.

Los cargos que enfrenta García Luna son que mientras ocupaba altos puestos de gobierno de 2001 a 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones del cártel por agencias de seguridad, así como sobre las actividades de cárteles rivales.

Bajo esos cargos enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de tráfico de cocaína y declaraciones falsas a las autoridades.

García Luna, de 51 años de edad, vivía con su familia en Miami después de que se le otorgó la residencia permanente en este país hasta su arresto en Texas el 9 de diciembre de 2019 y su traslado a Nueva York, donde fue presentado el 3 de enero y donde hoy permanece encarcelado.