Madrid. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anunció que pretende ser candidato a la presidencia de la Generalitat en los próximos comicios autonómicos, cuya fecha está todavía por decidir el actual mandatario, Quim Torra, será quien dejará el cargo tras ser inhabilitado para ocupar un cargo público por delito de desobediencia. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre del 2017.

En una entrevista en el diario independentista El Nacional, Junqueras anunció que su candidatura, sin embargo, depende de que el Tribunal General de la Unión Europea (UE) resuelva a su favor el recurso presentado para que se formalice su condición de eurodiputado, lo que anularía la inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo español. Él líder confía en que la UE fallará a su favor, pese a que autoridades judiciales españolas, que sostienen que al menos en territorio español y de cara a una contiende electoral prevalecería la sentencia del alto tribunal español.

Junqueras también destacó que su partido político es el que “más ha confiado” en la mesa de diálogo abierta con el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, resolver el conflicto catalán.

Junqueras, al igual que los otros nueve políticos catalanes condenados hace cuatro meses por la justicia española, pasará la mayor parte del tiempo en libertad, en su caso porque el gobierno autonómico autorizó a través de Instituciones Penitenciarias catalanas que dé clases de economía en la Universidad de Vic. Lo hará al menos tres días a la semana y será la antesala del otorgamiento de un régimen penitenciario como el tercer grado, que supone pasar la mayor parte del tiempo fuera de prisión.

Estos permisos penitenciarios provocaron malestar en sectores de la sociedad catalana, como la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que anunció la presentación de una denuncia por un delito de “quebrantamiento de condena” contra Junqueras, el resto de políticos presos y la propia administración autonómica catalana que los autorizó, en ocasiones en contra del propio criterio de la Fiscalía.