Ramírez Alvídrez, quien fue diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha asegurado que es víctima de persecución política del gobernador panista Javier Corral Jurado. Autoridades estatales lo han acosado mediante procedimientos administrativos en el Poder Judicial, como una suspensión de su magistratura en 2016, la cual fue desechada con un amparo, recordó.

El dictamen acordado el viernes pasado en la Comisión Jurisdiccional del Poder Legislativo iba en sentido contrario al desafuero, pues en él se planteaba la inexistencia de elementos para retirarle el fuero, pero por presión de los diputados panistas se convocó a sesión extraordinaria del pleno y el Partido Acción Nacional (PAN) logró la mayoría con apoyo de Morena, la segunda fuerza en el Congreso.

Este jueves los legisladores votaron primero en contra del dictamen que rechazaba quitar el fuero al magistrado y luego la mayoría panista se impuso en el pleno para revertir la decisión.

Contra el dictamen de la Comisión Jurisdiccional votaron 26 de los 33 diputados, y en otra votación esa misma mayoría más uno aprobó quitarle el fuero constitucional al magistrado Ramírez Alvídrez.

Los diputados del PRI argumentaron que la Fiscalía de Chihuahua, que pidió al Congreso local quitar el fuero a Jorge Ramírez Alvídrez, pretende fincarle cargos por presunto enriquecimiento ilícito, y la semana pasada se realizaron tres audiencias de desahogo de pruebas y alegatos en los que el Ministerio Público presentó la acusación, mientras el magistrado expuso argumentos para defenderse.

La comisión determinó que las pruebas presentadas en contra de Ramírez Alvídrez se obtuvieron de manera ilícita, pues no hubo una orden judicial para solicitar la información financiera con que se pretende acreditar una discrepancia de 10 millones 491 mil 659 pesos en los ingresos del magistrado y el consecuente enriquecimiento indebido.

El fiscal César Peniche Espejel recordó que fue el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su responsable de Control Interno, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

A partir de ahí, agregó, la Fiscalía lleva a cabo la tarea de pedir la información correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los bancos directamente y a otras entidades, dictámenes periciales, diversos testigos, contratos, documentos oficiales, etcétera, y se llega a la conclusión de que esa discrepancia en su patrimonio, la cual pudiera ascender a más de 10 millones de pesos, debe seguirse investigando.

Ramírez fue diputado del PRI durante el gobierno de César Duarte y en 2015 llegó al Poder Judicial junto con otros ex funcionarios estatales y diputados priístas y panistas.

Ramírez calificó de lamentable la persecución en su contra, ya que lo investigan por hechos de 2010 cuando la ley no puede ser retroactiva, como es el caso de la solicitud de procedencia, e interpuso una recusación contra los diputados Georgina Bujanda y René Frías por presunto conflicto de intereses.