Ciudad de México. Derivado del análisis de la filtración de información en los casos de feminicidio de Ingrid Escamilla y la menor Fátima Cecilia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info) podría dar vista a las autoridades administrativas, civiles e inclusive penales si se actualizan irregularidades en el cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

El presidente del organismo, Julio César Bonilla Gutiérrez, en entrevista luego de entregar el Informe de Actividades y Resultados 2019 del organismo al Congreso de la Ciudad de México, admitió que falta consolidar el tema de protección de datos personales al ser un derecho reciente en el país sobre el que Info, como autoridad garante, está obligada a dar acompañamiento permanente a las instituciones y a la sociedad.

Explicó que ya desde el año pasado han estado trabajando con la Fiscalía General de Justicia e inclusive este año la propia fiscal nos ha pedido un acompañamiento en materia de asesoría técnica especializada en materia de acceso y en materia de protección de datos personales.

Antes, dijo ante diputados que la filtración de información a medios masivos de comunicación genera un debate en el que todas las instituciones, no sólo el Info y el Congreso capitalino deben establecer controles democráticos.

“Hoy –agregó– la regularidad democrática no nos permite imponer un criterio totalizador en donde podamos fijar una brecha hacia el futuro, donde se privilegie el derecho de acceso o el derecho de protección de datos. El debate con los medios de comunicación tiene que ser un debate muy respetuoso, de controles democráticos donde sepamos también transmitir como autoridades, como instituciones, cuál es la importancia de proteger los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y para eso tenemos que hacer una alianza estratégica juntos”, apuntó.

Sobre el informe que entregó al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, y que contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, Bonilla destacó que en 2019 se presentaron 155 mil 733 solicitudes de acceso a información pública, un 5.5 por ciento más con respecto a 2018.

El Poder Ejecutivo concentró el 86.7 por ciento con 135 mil 74 solicitudes; 4 mil 724 fueron realizadas al Poder judicial; 3 mil 859 al Legislativo; 8 mil 985 a organismos constitucionales autónomos; mil 781 a partidos políticos y mil 310 a sindicatos.

En cuanto a las dependencias que recibieron el mayor número de solicitudes en el periodo fueron la Secretaría de Administración y Finanzas, la entonces Procuraduría General de Justicia, la alcaldía Benito Juárez y las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Seguridad Ciudadana, con más de 5 mil 400 solicitudes en promedio.

Adelantó también en entrevista posterior que próximamente suscribirá un convenio con los partidos políticos, al advertir que entre los entes peor calificados están los partidos Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza, a fin de dar capacitación y acompañamiento para que cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, de cara al inicio del proceso electoral 2020-2021.