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Piden a SCJN atraer 73 amparos promovidos por dueños de guarderías

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Trabajadoras de estancias infantiles de distintos estados de la República, durante una manifestación afuera de Palacio Nacional. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
27 de febrero de 2020 12:50

Tribunales colegiados de seis entidades del país solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los casos de 73 amparos promovidos por dueños de guarderías, quienes impugnan los cambios en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Se trata de juicios en contra del cambio de la política pública del gobierno federal, que eliminó los apoyos que se entregaban a las estancias infantiles y destinó dichos recursos a las madres, para que ellas decidan dónde y cómo invertir ese dinero para el cuidado de sus hijos.

En el caso de la solicitud de reasunción de competencia 347/2019, tribunales colegiados de los circuitos federales correspondientes a Chihuahua, Tabasco, Puebla, Jalisco, el Estado de México y Guerrero, piden a la SCJN que atraiga este paquete de casos, con el objetivo de resolver el fondo de este tema.

Hasta la SCJN siguen llegando este tipo de solicitudes, tan solo durante los dos primeros meses del año se recibieron la 10/2020 y la 16/2020, presentadas por colegiados de la Ciudad de México e Hidalgo.

También está el asunto varios 834/2019-VIAJ, que “Solicita a este alto tribunal se analice la constitucionalidad de las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el año 2019, en donde se plantea dar los recursos directamente a las madres de familia beneficiarias y no a las estancias infantiles.”

Todos estos expedientes han sido remitidos para su análisis al Pleno de la SCJN; pero aún no se determina la fecha en la que serán votados.

En octubre del año pasado, la SCJN rechazó definitivamente la controversia constitucional que, sobre el mismo tema, presentada por el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, de quien se determinó carecía de interés jurídico para impugnar esta decisión del gobierno federal.

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