Buenos Aires. Después de un tenso debate en la Cámara de Diputados de Argentina y de la salida intempestiva de la bancada del opositor Juntos por el Cambio, el oficialista Frente de Todos logró 128 votos para dar la media sanción al proyecto de ley que pone fin a las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, especialmente al constatarse en el caso de los primeros que las sumas que se cobran y las medidas preferenciales por las cuales no pagan impuestos, conforman un escenario de absoluta desigualdad en un país que atraviesa una grave crisis económica, ante la multimillonaria deuda dejada por la administración pasada.

Juntos por el Cambio se retiró sin dar quórum, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), conformado por partidos trostkistas, se abstuvo en la votación.

Los opositores de Juntos por el Cambio denunciaron la presencia del diputado Daniel Scioli, designado embajador en Brasil, pero en realidad no sólo no se han terminado los trámites para su designación y no renunció a su banca, ni la dimisión se trató en la Cámara, como corresponde.

En los primeros días de marzo cuando salga el decreto que lo designe embajador, Scoili apenas renunciará al escaño. “De no estar yo, si hubiera renunciado, estaría mi diputada suplente. Es ridículo lo que dice la oposición”, explicó Scioli.

Fue evidente que la intención de Juntos por el Cambio, era tratar de judicializar la sesión e instalar que en realidad el gobierno “va por los jueces” aunque antes habían sugerido la necesidad de debatir las jubilaciones de privilegio.

En el debate en la cámara, el actual titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Alejandro Vanoli, como otros diputados, mencionaron la grave situación en que el macrismo dejó a la caja de jubilados y en especial a lo que era intocable como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que prácticamente fue vaciado por el anterior gobierno.

Vanoli reveló que durante la gestión de Cambiemos el haber mínimo de los jubilados perdió 34 por ciento en términos reales -descontada la inflación-, la misma marca negativa que entre 1990 y 2003, período que abarca las administraciones de los ex presidente Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa y el poco más de un año en que Eduardo Duhalde presidió provisionalmente Argentina después del derrumbe de diciembre de 2001.

En tanto, entre 2003 y 2015, durante el mandato de Néstor Kirchner y las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, la jubilación mínima ascendió 140 por ciento en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En el informe detalló una situación crítica del sistema jubilatorio en su conjunto ya que entre 2015 y 2019 (los cuatro años de Mauricio Macri) sextuplicó el déficit al pasar de 97.420 pesos a 612.471 y demostró con cifras precisas el “total desfinanciamiento” de la ANSES. Ahora la última palabra la tendrá el Senado.

De su lado, el juez federal Julián Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba en la causa que se investiga si fue legal que el Banco Nación le permitiera al grupo cerealero Vicentín, la empresa más grande del país, acumular una deuda de 18 mil 500 millones de pesos en contra de las normativas que rigen la actividad de la entidad bancaria del país.

En esta causa están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita el último presidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, además de Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos del conglomerado Vicentín, firma que a días de cambio del gobierno, en diciembre de 2019, informó que había entrado en un proceso de “restructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”.

La empresa anunciaba una deuda bancaria total de poco más de 23 mil 500 millones y se estableció que del total de la deuda, 18 mil 500 millones corresponden a créditos otorgados por el Banco Nación, lo cual supera los límites establecidos por la normativa bancaria y representa más de 20 por ciento del patrimonio computable de la entidad.

En tanto, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade denunció a la justicia un presunto sistema de recaudación ilegal macrista, que incluye una compleja red de empresas fantasmas, testaferros, préstamos de bienes y sesiones de acciones para ocultar un entramado de corrupción amparado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión anterior y otro Mmnisterio que sólo en 2019 habría recolectado más de mil millones de pesos. Están comprometidos una serie de ex funcionarios del gobierno anterior y al menos dos ex ministros.

Por otra parte, Macri, quien creará una fundación bajo su nombre, continuando la línea de su amigo el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez viajará a Guatemala para mantener varias reuniones, ante la decisión de transformarse en uno de los líderes de la derecha regional, ligada estrechamente a Washington.