Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aprobó este jueves una polémica reforma legal que otorga al gobierno más poderes para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), al argumentar que varias de ellas se han prestado a la corrupción.
El Congreso aprobó hace dos semanas las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, pese al rechazo de grupos sociales y del cuestionamiento de distintos entes internacionales.
"Este es un acto de transparencia porque la sociedad guatemalteca tenemos que aprender a vivir dentro de la cultura de la transparencia", señaló Giammattei al ratificar las modificaciones.
Indicó que los opositores a los cambios "son aquellos que tienen miedo" a que se evidencien irregularidades en el uso de fondos públicos y donaciones internacionales.
La nueva legislación crea un mayor control estatal sobre las finanzas de las ONG y da al gobierno la posibilidad de intervenirlas y disolverlas si considera que están alterando el orden público.
Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses enviaron el miércoles una carta a Giammattei para pedirle que vetara la ley, la que compararon con normas restrictivas de Venezuela y Nicaragua.
"Las democracias florecen cuando se permite abrir espacios para la sociedad civil para operar sin miedo", dijeron los congresistas encabezados por Eliot Engel, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
"Estamos particularmente preocupados de que la ley guarda semejanzas con una normativa rusa que regula las ONG que fue aprobada por el presidente Vladimir Putin en 2012 y con leyes similares puestas en marcha en Venezuela y en Nicaragua", explicaron.
Al menos cuatro organizaciones han emprendido una batalla legal en la justicia para evitar que los cambios legales cobren vigencia, al considerar que atentan contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica en Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que "en la práctica", las nuevas atribuciones del Ejecutivo "podrían usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar la labor de las" ONG.
La ONU había advertido que la modificación a la ley "podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada".
