Ciudad de México. Un total de mil 777 quejas se presentaron de 2013 a la fecha ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por personas con discapacidad, informó su presidente Nashieli Ramírez.

Durante la presentación del informe temático: Derecho a la vida independiente e inclusión en las comunidades de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, precisó que 40 por ciento de ellas se presentaron en los últimos dos años.

Señaló que en su mayoría son personas entre los 30 y 59 años de edad; y la mitad de ellas presentan una discapacidad física; en un 15 por ciento, personas psicosocial; 13.5, sensorial; 8, auditiva; y 1.5 por ciento otro tipo de discapacidades.

El 80 por ciento de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de los derechos humanos de personas con discapacidad corresponden a autoridades del nivel central, entre la que destacan la antigua Procuraduría General de Justicia; las secretarias de Seguridad Ciudadana, de Saludos y de Bienestar Social, y el DIF; y el otro 20 por ciento corresponde a las alcaldías.

De acuerdo con datos oficiales, en 2018 la tasa de prevalencia de la discapacidad en la Ciudad de México se incrementó 5.3 por ciento con respecto a 2010, lo que significa 469 mil 579 personas, siendo muy frecuente y socialmente aceptada su institucionalización en dependencias, albergues, clínicas y hasta la casa.

Ello, argumentó, debido a la existencia de ideas erróneas respecto a lo que significa vivir de forma independiente y participar en la comunidad, lo cual no significa necesariamente vivir solo, o llevar a cabo actividades cotidianas por uno mismo, sino de contar con la libertad de elegir y de ejercer el control sobre la propia vida y actividades cotidianas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido enfático en que el derecho a una vida independiente “conlleva igualmente la obligación de poner en libertad a todas las personas que están confinadas en contra de su voluntad en servicios de salud mental u otras formas de privación de libertad específicas de la discapacidad”, destacó.

El Comité ha interpretado que la obligación del Estado en relación al contenido del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es brindar apoyos institucionales a las familias para evitar la institucionalización, así como para brindarles opciones para acompañar a sus familiares en la toma de decisiones orientadas a la vida independiente.

Ante ello recomendó revisar las leyes de la Ciudad con el contenido de la Convención; crear un sistema de apoyo gubernamental para la toma de decisiones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de ejercicio de derechos; y generar un plan de desinstitucionalización.

Asimismo propuso el ofrecer recursos económicos para los centros de asistencia social, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles, a fin de que las condiciones de vida sean dignas y se favorezca, la asistencia y personal de apoyo a las personas con discapacidad.

Se trata, dijo, de que se cuenten con esfuerzos por integración a la comunidad, trabajo con las familias extensas, que permiten exactamente este proceso; y asegurar presupuesto y medidas para que todos los espacios y servicios públicos sean accesibles progresivamente.

Mencionó que capacitar q los servidores públicos sobre los derechos que les asisten y realizar acciones de sensibilización para la sociedad en general, son necesarios para lograr un cambio social en términos de “no más a las percepciones que no tengan enfoque de derechos; no más a la visión médica de la discapacidad; y nunca más sin las personas con discapacidad, que tienen mucho que hacer y sobre todo tienen el derecho de elegir”.