Ciudad de México. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno capitalino, Hazael Ruíz Ortega, informó a diputados del Congreso local que 97 hombres y dos mujeres ingresados en penales de la ciudad son considerados de alto riesgo institucional y requieren de un trato especial por su alta capacidad criminal.

En una mesa de trabajo con las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Administración Pública Local, a la que fue convocado para informar sobre la fuga de tres reos vinculados al cártel de Sinaloa el pasado 29 de enero y las acciones para contener extorsiones telefónicas desde los centros penitenciarios de la ciudad, señaló que en lo que va de esta administración se obtuvieron 300 traslados de presos de alta peligrosidad a penales federales, pero 108 han regresado por amparos y órdenes judiciales.

Esta situación, explicó, genera además un “resquebrajamiento de la figura de autoridad” al considerar ilegales los traslados, aun cuando se trata de casos públicos y notorios, en los que se acredita el riesgo que institucional de dichos internos.

Agregó que hay inclusive jueces que ordenan trasladar a penales capitalinos a personas que inicialmente fueron ingresadas a penales federales de alta seguridad.

Ruíz Ortega acordó con los legisladores locales iniciar mesas de trabajo para proponer reformas a la ley a fin de dar sustento legal a diversas medidas para reforzar la seguridad del sistema, como el uso de dispositivos de monitoreo electrónico en internos de alto riesgo institucional, que permitan generar una alerta cuando accedan a área en la que no deban estar, así como la obligatoriedad de los registros de voz, que la dependencia prevé iniciar en este año con los internos relacionados con los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión.

En el caso de la fuga el pasado 29 de enero de Luis Fernando Meza González, Yael Osuna Navarro y Víctor Manuel Félix Beltrán, señalado este último como presunto operador financiero de Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dijo que de no haber existido la colusión de servidores públicos, no hubiese sido posible que evadieran los controles de seguridad.

Explicó que por este caso son 11 los funcionarios detenidos sujetos a procesos penal, además de la destitución del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y al subdirector de seguridad.

En cuanto a las extorsiones telefónicas, el funcionario admitió que es un reto evitar que los dispositivos telefónicos y los chips pasen por las aduanas, al advertir que se decomisa más en las estancias de los internos que la aduana, cuando debería ser a la inversa. Advirtió sin embargo que no va a ser suficiente, por el hecho de que los inhibidores de llamadas de telefonía celular compite con una antena repetidora y refirió que en Honduras, la ley hace responsables a las empresas de telefonía de evitar que salgan llamadas de los penales.