La cúpula empresarial, advirtió en el Senado, que realizar una sobrerregulación de la subcontratación laboral u outsourcing, como se pretende desde esta cámara (con el dictamen aprobado en comisiones), ocasionaría graves consecuencias para el país, entre ellas, la pérdida de empleos y de ingresos vía las exportaciones porque varios sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esa forma de “contratación legal”.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN),Antonio del Valle, sostuvo ante senadores, funcionarios y empresarios que la subcontratación no sólo garantiza el derecho de los trabajadores, impulsa también la economía formal y aumenta la competitividad del país al hacer más eficiente el funcionamiento del mercado laboral.

Al participar en la Mesa de Alto Nivel para revisar el dictamen en materia de regulación de outsourcing –que se efectuó en el Senado- , Insistió que antes de reformar el marco legal, se tiene que aplicar la legislación actual que no ha terminado de instrumentarse, razón por la cual no debería cambiarse algo que aún no ha sido probado y medido con suficiente tiempo.

Subrayó: “Una regulación altamente restrictiva conllevaría a efectos nocivos en la economía, no sólo se perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que como mencione anteriormente, varios sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal”.

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, señaló que una sobreregulación “generaría un mercado para las empresas de subcontratación ilegal, considerando el número de micro y pequeños empresarios que hay en el país. Y una restricción a la misma nos podría en una fuerte desventaja, que puede ocasionar graves consecuencias para nuestro país”.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y senador priísta, Carlos Aceves del Olmo, pidió que la regulación del outsourcing se haga tomando en cuenta las condiciones laborales del país y no las de Estados Unidos.

“Tenemos que hacer un traje del outsourcing con las medidas de las condiciones que tenemos, porque de otra forma si esto se hace para hacer más negocios con los Estados Unidos, pues lo que se benefician son ellos, no nosotros”.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda destacó que el outsourcing ilegal puede estar vinculado a la generación de empresas fachada, a la facturación simulada y al lavado de dinero.

El Procurador Fiscal, Carlos Romero subrayó que la defraudación fiscal que pueda haber para efectos del IMSS, el tener operaciones simuladas para efectos del SAT, tiene implicación para el dueño del outsourcing, “da lugar a que se considere o se equipare a delincuencia organizada”.

Advirtió que “quien ya consumió el producto, compró facturas falsas, al que simuló operaciones para defraudar al fisco, ya se puede hablar de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el delito d e defraudación fiscal, que viola la seguridad nacional”.

El presidente de la comisión de Trabajo, y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, promotor de esta iniciativa pidió no retrasar más su aprobación en el pleno. Ante los empresarios, el senador resaltó: “ha habido muchas opiniones, comentarios críticas, ataques, pero con un desconocimiento de la esencia misma de lo que contiene el dictamen”. Los invitó a leerlo.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), subrayó que en el país hay 8.2 millones de trabajadores bajo ese esquema, por lo cual si no se tiene cuidado en la manera de legislar se podría afectar, no solo a las personas subcontratadas, sino también a la generación de empleos.

Aclaró que no es interés del Senado satanizar a nadie, ni marginar, perseguir o aterrorizar a persona alguna. El objetivo es lograr una regulación que no castigue a quien cumple los requisitos legales, pero que si sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario o no respetar los derechos de trabajadores.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social destacó que la subcontratación ilegal, abusiva, “ha venido avanzando de manera muy acelerada, y ha generado conflicto en el mundo del trabajo y diversos ámbitos”.