Para entender lo que está ocurriendo en materia de seguridad y justicia, y encontrar realmente una solución, es necesario buscar la razón profunda que nos ha llevado a esta situación, la cual se halla en la esencia misma del sistema político y legal que sigue prevaleciendo en el país, y que se originó en un modelo perverso de control gubernamental, que se estructuró en los años veinte del siglo pasado; todo ello bajo la inspiración y mando del constructor de la Revolución Institucional, Plutarco Elías Calles y su Maximato.

El objeto fundamental de ese proyecto fue establecer, a través del monopolio y del control absoluto de una justicia denegada y de una seguridad ausente, el dominio hegemónico sobre la inmensa mayoría de la población nacional, que sólo recibiría migajas de seguridad y porciones raquíticas y esporádicas de justicia; y ello, siempre y cuando se sometiera, sin chistar, a la humillante situación impuesta por esa dictadura revolucionaria, demagógica y corrupta; y, quien se atreviera a rebelarse, habría de ser aplastado por las instituciones policiacas y de seguridad nacional, refrendadas por el aparato de procuración e impartición de justicia del país, al servicio de la dirigencia política y de sus cómplices; mientras la economía nacional y los recursos públicos se repartían, mayoritariamente, entre los dueños del poder; y, marginalmente, entre los sectores de la población que iban emergiendo de la pobreza absoluta y de la ignorancia integral.

Ese dominio y ese saqueo tan perversos sobre la vida, la integridad y el patrimonio de cada mexicano y de todo el país, se fue quebrantando y deteriorando a través de los años, en razón de una nueva sociedad más informada y educada que lo cuestionaba; y de un botín que, al irse mermando, fue reduciendo su capacidad de comprar encubrimientos y complicidades.

Ese proyecto tan cínico y perverso tuvo su primera gran derrota en 1968, cuando una nueva generación emergente lo llevó a exhibir su brutalidad y su deterioro estructural, provocándole un daño gravísimo a su “ pax corrupta”, que se empezó a desmoronar territorialmente, a través de poderes paralelos de informalidad y delincuencia, que surgieron ante su debilitamiento y que cooptaron esos ámbitos; enfrentándose e infiltrando a los dueños del poder tradicional.

La invasión del ambulantaje y la ilegalidad masiva en las actividades económicas, junto con el crecimiento desmesurado del narcotráfico y del crimen organizado que se fueron apoderando del piso de los territorios urbanos y de la vida comunitaria, se expandieron también para saquear las grandes riquezas nacionales que siempre habían sostenido al sistema institucional, como el petróleo y sus productos, la electricidad, el agua y cualquier riqueza comunitaria que pudiera ser botín en esa disputa.

Esa escalada de desintegración en los componentes tradicionales de la dictadura perfecta, del partido único y de la hegemonía total, también propició una reacción democrática y reivindicatoria que hoy intenta revertir esta tragedia social; pero que, hasta el momento, no ha logrado evitar que todos sigamos sometidos a las viejas estructuras de control y de corrupción, dentro de un entorno de empobrecimiento acelerado y de violencia extrema.

Esta crisis integral de perversidad política, de marcos jurídicos anacrónicos y de instituciones ineptas y corrompidas, es el entorno que nos está obligando a reconocer que es imperativo e ineludible modificar, a fondo, el marco legal y el sistema de seguridad y de justicia del país; ya que esa es la plataforma que sostiene a este fracaso; y, por ello, es indispensable reconstruir todos los ordenamientos legales que, como la Constitución General de la República, existen, se violan, se parchan y se invocan, sin que algo de ello alivie o resuelva la situación que todos sufrimos.

Lo anterior se confirma con las cifras oficiales que señalan que, anualmente, se cometen 33 millones de delitos en México; y 99 por ciento quedan impunes; y, como consecuencia, las instituciones más repudiadas son las de seguridad y de justicia, así como las estructuras partidistas y los poderes públicos.

Por ello es necesario enfrentarnos a esos dos basamentos perversos de corrupción gubernamental y de dominio delictivo, encarnados en la inseguridad y en la injusticia, en los que se apoyan el statu quo, el gatopardismo y los intereses que se han ido inmiscuyendo en esta situación tan grave de injusticia; y que, infiltradas desde el extranjero, amenazan y descalifican cualquier intento de cambio, para poder seguir imponiendo dogmáticamente sus contradictorias y ajenas soluciones, que ya han evidenciado su fracaso.

Por estos motivos, y en defensa propia, vamos a expresarnos con toda claridad, en cada uno de los ámbitos legales y procesales que más lastiman a nuestra sociedad, para así propiciar el cambio que pueda rescatar a México y a sus habitantes, de este modelo agónico, antidemocrático y regresivo que nos está aniquilando.

*A partir de este lunes Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se incorpora como colaborador a las páginas de La Jornada con una frecuencia quincenal. Le damos la bienvenida y estamos seguros de que su contribución ayudará no poco a esclarecer los vericuetos de la impartición de justicia en México.