Chilpancingo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, demandó al gobierno de Chiapas que investigue las agresiones ocurridas en las inmediaciones de la Normal de Mactumatzá, el pasado 16 de febrero.
Mediante un comunicado de prensa difundido esta tarde Tlachinollan exigió “que pare la represión contra los estudiantes de la normal rural de Mactumactzá y se atienda con presteza las legítimas demandas de los normalistas; que se brinde de manera urgente atención médica de calidad a los tres estudiantes heridos hasta su total recuperación; así como una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra los policías responsables y toda la cadena de mando”.
Agregó que “en el momento en que las madres y padres de los 43 se preparaban para dar inicio a la primera reunión con los estudiantes de la normal, más de 200 policías del estado apertrechados con tanquetas y respaldados de elementos de la Guardia Nacional se apostaron en el punto denominado “la Coca” a menos de 100 metros de la escuela normal rural de Mactumatzá”.
Ante esta provocación “las madres y padres de los 43 acompañados por los estudiantes pidieron a los uniformados que se retiraran porque no existía ningún motivo para cercar a la normal. La respuesta de los policías fue temeraria; además de utilizar sus escudos para empujar a las madres y padres cuando intentaban dialogar, los policías ubicados en la segunda fila levantaron sus armas para disparar a los estudiantes que se encontraban al frente de la comisión. Fue una lluvia de gases lacrimógenos que obligaron a las mamás y papás a replegarse”.
En ese instante “cayó el estudiante Juan Antonio Flores García, quien recibió un impacto de gas lacrimógeno en su cabeza quedando totalmente inerme. Los policías actuaron de manera brutal, al ignorar los protocolos para el uso de la fuerza, arremetieron contra los estudiantes, lesionando a 10 personas, entre ellas dos madres y 3 estudiantes que al día de hoy permanecen hospitalizados, la nieta de una de las madres sufrió varias quemaduras en su cuerpo”.
Agregó Tlachinollan que “la agresión duró más de 40 minutos sin que las autoridades superiores intervinieran para ordenar el retiro de la policía. Hubo complicidad y condescendencia por parte del gobernador del Estado porque tuvo la oportunidad de impedir que los policías accionaran sus armas. Ha sido la presión nacional e internacional que condenaron unánimemente estos hechos violentos perpetrados por la policía, lo que obligó a las autoridades a investigar a los responsables y proceder penalmente contra 2 policías que participaron en esta agresión”.
Insistió que “no obstante, estas detenciones, la misma fiscalía de Chiapas anunció el 22 de febrero que ha abierto una carpeta de investigación en contra de los estudiantes por ataques a las vías de comunicación y daños. Las posturas asumidas por el secretario de seguridad pública y de educación en el estado van en la misma línea de criminalizar a los estudiantes responsabilizándolos del desorden público”.
“Para el gobierno del estado de Chiapas los derechos de la libre manifestación y de reunión pueden ser violentados, como lo hicieron los policías del Estado, con el argumento falaz de que los estudiantes son una amenaza para su gobierno. En el estado de Chiapas se ha normalizado el uso de la fuerza como el recurso más efectivo para acallar las protestas sociales”, añadió.
Con esta actitud el gobernador de Chiapas “abdica de su responsabilidad de realizar una investigación exhaustiva e imparcial que dilucide las agresiones cometidas contra madres y padres de los 43, así como a los estudiantes y sancionar a los policías responsables y toda la cadena de mando. La detención de los dos policías es más una salida política que un acto de justicia objetiva”.
