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Este lunes reanudan audiencias por el homicidio de Miroslava Breach

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Miroslava Breach Velducea. Foto La Jornada
23 de febrero de 2020 19:16

Chihuahua, Chih. El juicio oral contra Juan Carlos “N”, imputado como coautor material del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, reinicia este lunes luego de cinco audiencias en las que han comparecido 31 de los 63 testigos convocados, y el Ministerio Público federal presentó pruebas que acreditan el delito de homicidio doloso, con el agravante de amenazas previas que recibió la corresponsal de La Jornada, por publicar un reportaje que reveló la colusión entre el crimen organizado y el precandidato priista a alcalde en el municipio de Chínipas, Chihuahua.

En la primera audiencia, dos hermanas de Miroslava Breach dijeron que el reportaje, que reveló la imposición de precandidatos en la elección local de 2016, provocó que el alcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz, recibiera amenazas del grupo criminal Los Salazar, por lo que el edil y otros panistas buscaron a la reportera para presionarla a que desistiera de más investigaciones sobre narcopolítica.

Añadieron que funcionarios del Partido Acción Nacional, además del alcalde Hugo Schultz, presionaron a Miroslava Breach para que les revelara sus fuentes.

Según las hermanas de Miroslava Breach, de las amenazas tuvo conocimiento Javier Corral Jurado, pero el mandatario panista lo negó y dijo que las familiares mienten, en declaraciones que hizo públicas ante reporteros.

En respuesta, un de las hermanas de Miroslava difundió la captura de pantalla de su teléfono celular, que muestra mensajes en los que la periodista y corresponsal de La Jornada informó a Javier Corral de las amenazas que recibía a través de los políticos panistas y pide que el alcalde de Chínipas deje de molestarla.

La Fiscalía Especial en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) confirmó que el testigo protegido Casio, identificado públicamente como Alfredo Piñera Guevara vocero del Partido Acción Nacional en Chihuahua, grabó conversaciones telefónicas para señalar a Miroslava Breach Velducea como responsable de la información que reveló vínculos entre el crimen organizado y candidatos a ediles.

El Ministerio Público de la Feadle presentó los audios de dos grabaciones en el juicio oral contra Juan Carlos “N”, obtenidos de la computadora de Wilberth Jaciel “N”, también señalado como coautor material y en cuyo domicilio se encontró el vehículo que utilizaron para cometer el crimen.

En la teoría de caso que presentó la Feadle el lunes, al inicio del juicio oral, el director de la Unidad de Análisis y Proyectos de la Fiscalía General de la República (FGR), Joaquín Torres, presentó un mapa de análisis contextual sobre la posible vinculación de panistas con organizaciones criminales en comunidades de Chínipas y Namiquipa.

En el mapa se mostró una supuesta red de funcionarios de Acción Nacional que tuvieron contacto con grupos del crimen organizado, como Los Salazar, identificados como Mario "N", Hugo "N", José "N", y Alfredo "N", que son los panistas públicamente señalados desde diciembre de 2017, después de la audiencia de imputación y vinculación a proceso de Juan Carlos “N”.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hizo un balance de la primera semana de juicio oral y dijo que la acusación contra El Larry no excluye que la carpeta del caso Miroslava Breach pueda continuar hacia más presuntos responsables.

“La investigación continúa abierta, independientemente de que se haya formulado imputación contra una persona detenida, se sigue avanzando en todas las líneas de investigación, que siguen abiertas. Continuaremos realizando las labores que corresponden, hasta dar con todas las personas que hayan participado y hayan tenido una responsabilidad de carácter penal”, respondió a pregunta de reporteros.

El fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión evitó informar si existen más órdenes de aprehensión pendientes de cumplir.

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“No es recomendable, no sólo por cuestiones estéticas y culturales, o su enorme costo para el erario, sino porque es un proyecto no inclusivo”, dijo.

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