San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que el director del penal de El amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Juan José Trujillo Cruz, “obstruye el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, en la documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes”.

En un comunicado dijo que el pasado 31 de enero, cuatro de sus integrantes se presentaron en El Amate para entrevistarse con seis reos que le solicitaron “la documentación por haber sido torturados, pero a pesar de seguir los protocolos se impidió el ingreso”.

Señaló que mediante oficio solicitó el acceso al reclusorio y al llegar los defensores se identificaron, pero se obstruyó “la documentación de violaciones a derechos humanos”.

Agregó: "El director Juan José Trujillo Cruz, nos indicó que no podíamos ingresar, negando también la posibilidad de que se realizaran las entrevistas en los locutorios".

Manifestó que por segunda ocasión, el 4 de febrero, solicitó la autorización por escrito, pero las autoridades penitenciarias del estado volvieron a rechazarla”.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó que el día 17 de febrero, “una de las personas que denunció actos de tortura en su contra”, por lo que pidió permiso para el acceso de integrantes del Frayba, mediante un oficio dirigido a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

Señaló que “a pesar de las gestiones realizadas, la respuesta que recibió el Frayba fue la negación y restricción, por parte de las autoridades penitenciarias, para llevar a cabo nuestro trabajo de documentación y defensa de los derechos humanos”.

Afirmó que con su negativa “la SSPyPC impide recibir los testimonios de manera directa, de las posibles víctimas de tortura, que se encuentran en El Amate”.

El Frayba manifestó su “temor fundado de que las personas víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos recluidas en ese penal, se encuentren en una situación de vulnerabilidad y al denunciar estos actos, sean sujetas de más amenazas, aislamiento y/o traslados injustificados como mecanismos para generar miedo en las víctimas y sus familias, tal y como ha sido el patrón de actuación de las autoridades penitenciarias”.