Así lo planteó ayer en la Cámara de Diputados el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, al realizar la Tercera Entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

En el salón Legisladores, ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación indicó que con relación a los beneficios económicos de la fiscalización, hasta el día de hoy las recuperaciones operadas de la cuenta pública del año anterior ascienden a 9 mil 808 millones de pesos.

Agregó que cuando la instancia a su cargo ha detectado indicios de corrupción, no ha vacilado en denunciarlos, coordinándose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectiva y, de ser el caso, se sancione a los responsables con todo el peso del estado de derecho.

Colmenares Páramo subrayó que la ASF trabaja de manera coordinada con la FGR en diversas denuncias por daño al patrimonio público, en los procesos judiciales que se siguen por las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), caso conocido como la estafa maestra, y por el que está siendo procesada la ex titular de esas dependencias, Rosario Robles.

De igual forma, el órgano fiscalizador ha trabajado en auditorías de administraciones anteriores de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde han surgido casos que han ofendido a todos los mexicanos por las graves señales de malos manejos, de abusos y corrupción, indicó.

La semana pasada fue detenido en España el ex titular de la empresa del Estado Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un cúmulo de acusaciones por probables actos de corrupción cuando estaba al frente de ésta, y quien se econtraba prófugo de la justicia mexicana desde mayo de 2019.

Indicó que respecto de la cuenta pública 2018, se realizaron 872 informes individuales que, aunados a los rendidos en las primeras dos entregas (la de junio pasado, con 268, y la de octubre, con 668), suman un total de mil 808.

Adicionalmente, se practicaron ocho auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores, al amparo del título cuarto de la Ley de Fiscalización, así como ocho estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.

También se refirió al proceso de renovación y actualización de la ASF, en particular con el uso de nuevas tecnologías, a fin de adecuar su estructura de acuerdo con los nuevos desafíos y con ello agilizar los procesos de fiscalización e, incluso, realizar auditorías en tiempo real, es decir, antes de que se cometan irregularidades e ilícitos.

Adelantó que respecto de la cuenta pública 2019 –la del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador– se han firmado convenios por ejemplo con la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar de manera preventiva grandes proyectos de interés, como el nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía.

De igual forma, agregó, se verificarán el proyecto de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las compras realizadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, el programa de estancias infantiles, el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Migración, entre otros.