En conferencia de prensa en el antimonumento +65, Elvira Martínez, viuda de uno de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, señaló que los familiares hoy llegamos con un ánimo diferente; hemos agarrado fuerza y creemos que pronto podremos ver empezada la búsqueda.

El dolor de las familias de los 65 mineros atrapados el 19 de febrero de 2006 comenzó al momento de darse a conocer la explosión, pero la polémica, la indignación y las denuncias de irregularidades surgieron seis días después, al anunciarse la primera suspensión de las obras de rescate. Un día después, oficialmente se dijo que eran 65 muertos, y sólo se recuperaron dos cuerpos.

Pasaron tres administraciones federales (dos del PAN y una del PRI) sin acciones concretas para el rescate, hasta que en el gobierno actual instruyó a la Secretaría del Trabajo elaborar un plan de rescate. Tardaron casi seis meses para firmar un convenio con el Servicio Geológico Mexicano con el que se iniciarán los estudios preliminares. Nueve meses después de la instrucción presidencial que se dio a conocer el primero de mayo del año pasado, aún no se define la dinámica para el rescate.

Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos, señaló que en 2013 Grupo México dividió en cuatro partes el lote donde se ubica la mina Pasta de Conchos, como parte de una acción ilegal cuyo propósito es devolver al gobierno el control de una zona que ya no le es útil, pero quedarse con tres, donde buscará seguir extrayendo carbón.

En reunión de trabajo con la Comisión de Economía del Senado, la secretaria del ramo, Graciela Márquez, explicó que 90 por ciento de las concesiones mineras que se otorgan se regresan al Estado, ya que hay una primera fase de exploración por parte del inversionista, y si no genera los resultados esperados, la regresan. Sólo 10 por ciento de las minas concesionadas se concreta y se convierte en concesión.

Cuando el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) le dijo que se requiere revisar la ley minera, porque hay una gran concentración de tierra que llega hasta 40 por ciento de la superficie nacional concesionada, la secretaria respondió que antes de reformar la ley se está limpiando el desorden que se tenía en las concesiones.