Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles y expertas a título personal condenaron los feminicidios de la niña Fátima Cecilia e Ingrid Escamilla, manifestaron su solidaridad con sus familias y le exigieron a las autoridades una investigación expedita y apegada a derecho para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantías de no repetición.

En un comunicado conjunto –firmado por colectivos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, además de decenas de académicas y activistas—señalaron que los asesinatos de mujeres son “la punta del iceberg del incumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de las mujeres que hemos denunciado desde la sociedad civil durante más de dos décadas con los feminicidios en Ciudad Juárez”.

De igual manera, recordaron que aunque en el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) emitió la sentencia sobre el caso del campo algodonero (relacionado con feminicidios en Ciudad Juárez), el Estado mexicano sigue siendo omiso en la estandarización de protocolos, manuales y criterios de investigación de todos los delitos que se relacionen con desapariciones forzadas, violencia sexual y feminicidios.

Esta sentencia, recalcaron, mandata además una serie de políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres “que no han sido cumplidas por el Estado mexicano, tal como lo evidencia el incremento sostenido en el número de asesinatos de mujeres”.

En ese sentido, recordaron que en México dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida.

“Las cifras oficiales muestran que, en 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó, pasando de 34.2 a 85 por cada 100 mil mujeres. Uno de cada diez feminicidios es en menores de 17 años. Durante 2019 se registraron 3 mil 616 muertes violentas de mujeres, de las cuales 976 están siendo investigadas como feminicidios por las fiscalías”, lamentaron.

“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha demostrado que los feminicidios y otras violencias contra las mujeres sea un tema prioritario. Al respecto, sólo se han hecho públicas dos políticas gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres: el Plan Emergente para garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Hombres y Mujeres 2019-2024, que menciona al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2019-2024(PROIGUALDAD).

“Sin embargo, ninguno está publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Estado también nos debe la publicación del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicarla Violencia contra las Mujeres que por mandato de ley debe elaborar”, denunciaron.

Por todo lo anterior, las especialistas, académicas y organizaciones civiles le exigieron al Estado mexicano que implemente políticas públicas “de tipo transversal e integrales,tendentes a garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en México”.

De igual manera, llamaron a que dichas políticas “deben incluir,entre otras recomendaciones,las que hizo a México en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),que contemplanemprender acciones para superar las actitudes patriarcales sexistas y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad”.

Los colectivos y especialistas firmantes señalaron que “la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Los lamentables feminicidios de Ingrid y Fátima ponen de manifiesto la forma en que la inclemente violencia nos persigue a las mujeres desde la niñez hasta la vida adulta, ante la indiferencia del Estado.

“Por ello las mujeres exigimos que el Estado nos proteja y se nos deje de asesinar sólo porque somos mujeres. Por eso también defendemos nuestro derecho a salir a las calles a protestar y exigir al gobierno acciones concretas que prevengan y erradiquen las violencias que atentan contra nuestra integridad y nuestra vida”.