Buenos Aires. La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que concluyó hoy una visita de una semana, señaló que la deuda externa argentina “no es sostenible” y por lo tanto se requiere una reestructuración en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”, en un comunicado que significó una señal positiva para el gobierno de Alberto Fernández, quien se mostró complacido de que se reconociera la situación que vive el país y el esfuerzo de esta administración por resolver el grave problema de una deuda “impagable”.

El FMI abogó por una negociación de deuda, no sólo para modificar plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que implique una considerable quita de capital o intereses o de ambos, coincidiendo con la posición oficial argentina y dijo que el superávit primario necesario para reducir la deuda pública e impulsar el crecimiento "no es económica ni políticamente factible".

La misión reconoció que “las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar restablecer el crecimiento, reducir la pobreza, estabilizar la economía, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”.

Varios analistas reclaman que no hubo una autocrítica a la decisión que acordó prestar 57 mil millones de dólares, de los cuales fueron entregados 44 mil millones, que fueron destinados una parte a financiar la campaña electoral del entonces presidente Mauricio Macri , y el resto para fugar dinero, como advirtieron economistas opositores al FMI, que por otra parte no acepta quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obligará al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023.

Por otra parte, a 38 años de la guerra de las Malvinas la justicia federal de Río Grande, en el sur, dictó los primeros procesos (sin prisión preventiva) contra militares retirados por haber aplicado torturas a los soldados del servicio militar obligatorio que fueron llevados a combatir en el archipiélago.