Sólo después de Panamá, Venezuela, Guatemala y Brasil, el país se coloca entre las naciones donde es más fácil ocultar activos, pese a que en la región se vislumbra un liderazgo en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y el lavado, aunque aún queda mucho por hacer en temas de transparencia en la zona, plantea el reporte.

Una forma de mitigar estos riesgos consistiría en que México promulgara registros de propiedad pública, como hizo Ecuador, y requisitos sólidos de presentación de reportes corporativos, como ha hecho Uruguay. Sería un desafío revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos con vistas a exigir un intercambio de información tributaria totalmente recíproco.

A escala mundial, los mayores facilitadores del secreto bancario son Islas Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Singapur. En ese orden. Eso implica un cambio histórico, ya que desde 2011, cuando se comenzó a llevar a cabo el índice, dicho país europeo, conocido como uno de los mayores paraísos fiscales, encabezaba el listado y ahora ocupa el tercer lugar.

Con Suiza finalmente mejorando lo suficiente como para salir de la parte superior del índice, el eje de secreto angloamericano ahora constituye, de lejos, la mayor amenaza global de corrupción y abuso fiscal. Estados Unidos elevó su contribución al secreto financiero mundial en 15 por ciento, y Reino Unido en 26 por ciento, alertaron ambas organizaciones.

De acuerdo con el estudio, en promedio, los países han reducido su contribución al secreto financiero global en 7 por ciento en el último año. La importancia de esto –señala el organismo– es que así se da menos espacio a la propiedad anónima de compañías fantasma o la inmobiliaria anónima.

Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, manifestó que es positivo que se comience a mitigar el poder del secreto financiero, porque “ha mantenido a los cárteles de la droga financiables, el abuso fiscal factible y el tráfico de personas rentable”.

Entre las recomendaciones que se hacen para facilitar esta regulación es que se implementen contramedidas al secreto bancario, que se fomente la transparencia fiscal corporativa y que el Grupo de Acción Financiera añada a sus recomendaciones vinculantes el registro público de beneficiarios finales y propietarios legales de todos los vehículos legales.