Ciudad de México. La “cadena de descuidos, la fragilidad del núcleo familiar y del entorno que debía ser de protección para Fátima Cecilia da cuenta de que no hemos logrado que nuestra sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada niña, para cada niño”, admitió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Al indicar que este caso debe ser un parteaguas en la actuación de la autoridad, pide fortalecer la capacitación de agentes responsables y ampliar el presupuesto y las responsabilidades de las instancias de seguridad pública.

“Los abominables, injustos e incomprensibles feminicidios, incluyendo el que acabó con la vida de Fátima Cecilia, deben ser un parteaguas en las situaciones de violencia familiar, sexual, psicológica, económica, cibernética, o de cualquier forma que hoy viven millones de niñas, niños y adolescentes en México. Es obligación del Estado mexicano, es corresponsabilidad social”, dijo.

El feminicidio de Fátima Cecilia, de tan solo 7 años de edad, es una expresión terrible de la brutalidad de la violencia de género y la cultura patriarcal que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, y que se traduce cada día en múltiples formas que vulneran su dignidad y su vida hasta el feminicidio, dijo.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del ofreció sus más sentidas condolencias a los familiares de la niña y a la sociedad en su conjunto, “conmovida por el dolor y afectada por la inseguridad y la violencia que le han arrebatado sus sueños y esperanzas”.

Desde la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligaciones para garantizar su protección integral. Esta es una responsabilidad compartida con la sociedad, con las familias, con los entornos inmediatos.

Las obligaciones – puntualizó- deben traducirse en acciones concretas para lograr poner en el centro de la vida pública y privada que México sea un país adecuado para cada niña, para cada niño, para sus adolescentes.

El SIPINNA enumeró acciones para disminuir la situación de vulnerabilidad de los menores ante violencia, omisión de cuidados o falta de capacidades de intervención:

Fortalecer el trabajo de la comisión para poner fin a todas las formas de violencias hacia NNA, del Sipinna nacional, y de las 32 comisiones estatales creadas con la misma finalidad, a fin de contar en cada entidad federativa con un plan de acción con tareas, responsabilidades e indicadores definidos con claridad. Este es uno de los objetivos ya aprobados por la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de su programa específico referido a la protección de NNA.

Acrecentar la capacidad operativa y especialización para la eficaz intervención, con medidas de protección especial de las procuradurías de protección a NNA, existentes en cada estado y en cientos de municipios en el país.

Asimismo, lograr que en cada entidad federativa se cuente con un centro de justicia para NNA, espacio especializado de coordinación de autoridades de protección, defensa de derechos humanos, procuración y administración de justicia, creado expresamente para este grupo de población.

Ampliar la corresponsabilidad de autoridades de seguridad pública, y de ordenamiento territorial dependientes de municipios y alcaldías en torno al programa entornos escolares seguros, de la Secretaría de Educación Pública.

Incrementar sustantivamente las acciones para promover una crianza positiva y corresponsable, desde lo que la Organización Mundial de la Salud denomina “Cuidado sensible y cariñoso”. Llevar a cabo para ello, un amplio debate público a nivel nacional, convocando a los medios de comunicación públicos y privados.

Potenciar los mecanismos de formación de servidoras y servidores públicos en violencias de género y derechos de niñez y adolescencia, con énfasis en la detección de situaciones, y la atención y canalización de casos de violencia u omisión de cuidados hacia NNA.

“Dichas acciones, aún cuando ya están en marcha, requieren una mayor voluntad y responsabilidad política y presupuestal de los tres poderes públicos en los distintos órdenes de gobierno, para lo cual hacemos un respetuoso y claro llamado a las autoridades responsables, desde el ámbito de sus competencias”, señaló el Sistema.