El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución para que, en el tiempo de su encargo, el jefe del Ejecutivo pueda ser acusado y enjuiciado por “corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.
Se trata de la segunda ocasión en que López Obrador propone una reforma para acotar el fuero del Presidente.
Esto, luego de que las dos cámaras del Congreso le hicieron modificaciones a la que envió el 4 de diciembre de 2018, y que finalmente, por el desacuerdo entre diputados y senadores, se quedó congelada el 11 de diciembre del año pasado.
En su primera iniciativa, López Obrador propuso que, además de por traición a la patria, el Presidente pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales y los contenidos en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La diferencia entre las dos cámaras inició cuando el Senado introdujo la posibilidad de castigar a los senadores y diputados cuando cometan esos ilícitos. En su primera revisión, la Cámara de Diputados, eliminó el cambio y devolvió el texto al Senado; éste, a su vez, lo volvió a imponer y en diciembre, los diputados insistieron en retirarlo, lo que motivó el estancamiento de la reforma.
Ese peloteo llevó un año.
Ahora, el Presidente indicó que su iniciativa “se basa en las necesidades que como país son vitales para una sana materialización de atribuciones otorgadas a los entes gubernamentales”.
También planteó que supeditar las acciones del Presidente de la República, así como de todos los servidores públicos que, en ejercicio de sus facultades cometan delitos, para sujetarse a procesos penales, implica reforzar un estado de derecho eficaz e igualitario que evidencie la rectitud del país.
Señaló que sigue convencido de que la corrupción “es la causa original de los males que quejan al país”.
Agregó: “Reafirmo mi idea de que la deshonestidad de los gobernantes y de las elites del poder es lo que ha causado un mayor deterioro a la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación ilícita de los bienes del Estado”.