Ciudad de México. La Cámara de Diputados rechazó y condenó los actos de violencia criminal en contra de las niñas y las mujeres, y exhortó a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a sumar esfuerzos con la finalidad de implementar un plan de acción emergente para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia.
En distinto tono, el tema de seguridad y prevención se politizó.
Los alegatos fueron desde las acusaciones panistas contra el gobierno federal por los hechos de violencia contra las mujeres y la exigencia de implementar programas que erradiquen los actos que atenten contra la vida y la dignidad de las mujeres, hasta la defensa de Morena a las acciones de la actual administración, que heredó la descomposición social y moral de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, de acuerdo con los discursos.
La tribuna cameral fue usada como caja de resonancia, desde la oposición, para emprenderla contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Diputadas de distintas fuerzas políticas, y algunos de ellos, del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, le exigieron que rectificara sus declaraciones en torno a los feminicidios, “que deje de echar culpas y cumpla con su responsabilidad”. Y en respuesta, la bancada del PT reprochó a los opositores “su canallada” porque ocuparon el uso de la voz para endilgarle al mandatario la responsabilidad de los hechos ocurridos en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
No obstante, en el fondo, las diputadas, que en su mayoría ocuparon el micrófono, reclamaron la urgencia de participación apartidista en todas las acciones, fuera de ideologías, en la conducción de las políticas públicas que deberán enfrentar los actos de violencia machista contra las mujeres.
El acuerdo promovido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también demandó a la iniciativa privada y a la sociedad, que colaboren e implementen las acciones que sean necesarias para fortalecer las campañas de información, concientización y cultura para la prevención, de los factores de riesgo que general violencia personal, estructural e institucional en contra de las mujeres y las niñas.