Guadalajara, Jal. El gobierno federal realiza obras con una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que provocaría el embalse.

A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi 15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.  

 La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.  

Trabajos urgentes: Conagua 

Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta, director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la presa.

También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del Verde en tanto se decide el destino final del embalse.

De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.

Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la inversión federal que se ha hecho es muy grande.

El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.

En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.

En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.

La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y por el Imdec.

Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.

Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.

La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al fondo del asunto, agregó.

María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.

Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los trabajos del gobierno federal claramente determinan que se decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.

Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión que se ha hecho en ella.

Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.