Chilpancingo, Gro. Encabezados por el alcalde de Malinaltepec, el morenista Abel Bruno Arriaga, representantes de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), demandaron al Congreso del Estado que apruebe una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de reconocimiento de los Derechos Indígenas y Afromexicanos promovida por organizaciones y diputados locales de izquierda.
En conferencia de prensa, el edil Bruno Arriaga también solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la invalidez de la reforma al Artículo 14 Constitucional estatal, que desconoce los derechos de la CRAC para impartir justicia, “porque viola la autonomía y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”.
Recordó que su municipio es resguardado y vigilado por la CRAC-PC y “sin su presencia los 36 policías municipales se verían rebasados por la delincuencia y la población quedaría desamparada”.
El alcalde destacó que la reforma al Artículo 14 causa perjuicio a su municipio “el 99 por ciento de la población es indígena; 40 de 128 comunidades pertenecen a la CRAC-PC. Los malinenses jamás fueron consultados sobre la reforma a dicho artículo”.
En tanto los consejeros de la CRAC-PC Juan García, Federico Cantú y Taurino Reyes coincidieron en señalar que participaron junto con la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado en la organización de parlamentos abiertos y diez foros de consulta con amplia participación de comunidades indígenas y afromexicanas.
Mencionaron que como resultado de esos trabajos surgió la iniciativa de Ley sobre el Reconocimiento de Pueblos Indígenas y Afromexicanos que fue entregada al Congreso del Estado.
Los consejeros denunciaron que la pasada legislatura cerró filas con el gobernador Héctor Astudillo Flores para desconocer en la Constitución estatal la Ley 701, es decir al sistema de justicia y seguridad comunitaria. En dicha ley se abrogó todo el capítulo de la justicia indígena, desconociendo las facultades de la CRAC-PC para realizar tareas de seguridad, justicia y reinserción social.
Recordaron que en el último año la delincuencia organizada ejecutó el 13 de abril de 2019 al coordinador de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores; además señalaron que hay amenazas de muerte en contra de consejeros y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.
A la rueda de prensa asistieron representantes de las casas de justicia de San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; el Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres y Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec; así como Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
