De acuerdo con el sitio de Internet de la Oficina Federal de Prisiones (FBP, por sus siglas en inglés), ninguna de las tres personas mencionadas se encuentra ya bajo custodia de las autoridades estadunidenses, aunque en el caso de Zambada y Sánchez no se menciona cuál fue la fecha exacta de su liberación. Por lo que se refiere a Cifuentes Villa, la FBP indica que fue liberado el 5 de diciembre de 2019.
El reportero Alan Feuer, quien cubre temas judiciales para el diario The New York Times, indicó en su cuenta de Twitter que el pasado 7 de febrero hubo una audiencia en el estado de Virginia para decidir cuánto se podría reducir la sentencia de cadena perpetua para Dámaso López, a quien se señala como uno de los presuntos colaboradores de alto nivel de El Chapo.
Sin embargo, dijo el periodista, la audiencia fue cerrada, se basó en documentos reservados y dio como resultado dos órdenes judiciales también secretas.
Este mismo nivel de reserva tuvo lugar en lo que se refiere a Cifuentes Villa –ciudadano colombiano acusado de mover cargamentos de cocaína desde Ecuador, al servicio de Guzmán Loera–, pues su sentencia no se hizo pública, luego de que en julio y octubre del año pasado se efectuaron dos audiencias sobre su caso.
De forma muy similar se manejó el caso de Lucero Guadalupe Sánchez y El Rey Zambada, cuyos expedientes permanecen sellados
y sin que se informara públicamente nada de su estatus legal ni fecha de liberación.
En el caso de Tirso Martínez Sánchez, quien también testificó en el juicio sobre Guzmán Loera, se supo que su sentencia sería dada a conocer el 20 de febrero, pero el expediente sobre él también permanece como reservado, indicó Feuer.
Hay razones legítimas para ser reservados sobre los testigos protegidos, pero incluso la credibilidad de los mejores esfuerzos legales resulta dañada cuando no hay manera de saber qué acuerdos se están alcanzando con ellos. Cuando no hay transparencia, no puede haber rendición de cuentas
, señaló el periodista.
Como se recordará, los mencionados testigos protegidos dieron información sobre la manera en que Guzmán Loera desarrollaba sus actividades de trasiego de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, así como de la implicación de altos funcionarios en ello.
Jesús Zambada García, por ejemplo, indicó que la organización criminal dirigida por su hermano Ismael El Mayo Zambada pagó cerca de 50 millones de dólares a Genaro García Luna, cuando éste se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del gobierno de México.
Por su parte, la llamada Chapodiputada o Narcodiputada Lucero Sánchez relató en enero de 2019 la forma en que se involucró sentimentalmente con el presunto líder del llamado cártel de Sinaloa, aunque también reveló detalles de la compra de mariguana y su envío hacia Estados Unidos.
Ante el juez Bryan Cogan, quien lleva el caso de El Chapo, la ex legisladora panista narró que había conocido a Guzmán en 2011, cuando ella tenía 21 años, y que había colaborado con el presunto capo en la recolección de mariguana en la sierra de Durango y Sinaloa, además en el establecimiento de empresas fantasmas
.
Sánchez había estado detenida desde 2017 en una prisión de Estados Unidos, acusada de conspiración para traficar, distribuir y vender cocaína en ese país, cargos de los cuales se declaró culpable y por los que pudo haber sido sentenciada a una pena mínima de 10 años o incluso a cadena perpetua.
Por lo que se refiere a Milton Cifuentes, el colombiano narró frente al juez el episodio en que regaló a El Chapo un helicóptero, para hacer sus viajes más confortables, así como la forma en que la organización delincuencial de Guzmán Loera adquirió cocaína de parte de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los sobornos que repartió en varios países para poder operar.
