La mañana de este viernes, en el poblado El Chivo, con apoyo de la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, el edil encabezó un recorrido por las casas dañadas y tuvo una plática con los escasos pobladores.

El dueño de una vivienda, que pidió el anonimato, narró el terror que vivió junto con su esposa el 8 de febrero: “Tenemos una tiendita, de eso vivimos; estábamos comiendo poco después de las 3 de la tarde cuando de pronto vimos que la gente corría y después hombres armados se metieron a la casa disparando.

“Mi esposa y yo nos metimos debajo de la cama, los balazos nos pasaban cerca. Así estuvimos más de tres horas cuando de pronto, antes de las 7 de la noche, cesó la balacera y les dijimos a los señores que estaban adentro (los pistoleros), tal vez unos 10, que por el amor de Dios nos dejaran ir, que nosotros no teníamos problemas con nadie y fue como salimos por una puerta trasera a otra casa de unos familiares.

“Después se reanudó el enfrentamiento hasta que como a las tres de la mañana llegó el gobierno (el Ejército), nos pudimos trasladar hasta (la cabecera municipal de) Zirándaro".

En todas las paredes de la casa hay cientos de muescas que dejaron los balazos de las ametralladoras Barret, calibre 50: los AK-47 y los AR-15, algunos incluso atravesaron el concreto. Por la confrontación en El Chivo algunos pobladores aseguraron que murieron unas 60 personas.

El enfrentamiento ocurrió el sábado 8 de febrero, dijeron, cuando miembros del CJNG llegaron en tres camionetas artilladas, como a las 15:30 horas, y sorprendieron a jefes de La Familia Michoacana que pagaban su salario semanal a sus integrantes. Una de las camionetas blindadas, que había sido robada a una empresa casera de Huetamo, Michoacán, fue incinerada con al menos 14 personas dentro, dijeron.

El alcalde Portillo Mendoza dijo que no podía confirmar la cifra de 60 muertos, debido a que ni el gobierno estatal ni el federal tienen la información exacta de las bajas que hubo en ambos bandos, pero se dice que había más de cien civiles armados.

Casi al final del recorrido, la comitiva visitó la casa de don Faustino N, quien mostró las huellas de los balazos en el techo de lámina y en las paredes de su humilde vivienda, pero también en árboles y matas de plátano partidas por los balazos. 

Aquí ya no se puede vivir

“Ya me voy –dijo desconsolado el campesino–, aquí dejo parte de mi vida, mis animalitos, nos vamos con mi mujer y mis hijos a Zirándaro, aquí ya no se puede vivir, yo sembraba dos hectáreas de maíz, pero ahora ya no tengo nada.”

Al término de la visita en El Chivo, adonde acompañó a los pobladores a recoger parte de sus pertenencias, el alcalde Portillo Mendoza mencionó que los desplazados son “600 de La Calera y otros 500 de Acuyan, La Estancia, El Chivo, El Reparo, La Ciénega y Cambio.

Lamentó que ni el gobierno estatal ni el federal atiendan la demanda de instalar tres puntos de revisión: uno en la cabecera municipal de Zirándaro, para impedir el ingreso del CJNG; otro en La Calera, para controlar el acceso a Ciudad Altamirano y la sierra; y uno más en Cuatro Caminos, para el control del acceso a Zihuatanejo. Con esos tres filtros sin duda bajaría el índice de violencia, porque mermaría su logística”, dijo el edil.

Sobre los operativos comentó: Cómo es posible que ingresaron desde Huetamo tres vehículos artillados. Hay una estrategia errónea (del gobierno) porque no nos han escuchado, incluso ha habido negativa de recibirme en la Mesa de Coordinación Estatal, apenas me atenderán el lunes.

Necesitamos evitar que los delincuentes sigan utilizando de rehén a la población. Este terror se pudo haber evitado si el gobierno hubiera escuchado nuestra demanda de instalar esos tres puntos de seguridad, concluyó.

En Acapulco, pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec solicitaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado agilizar su solicitud de regresar a sus localidades.

Aseguraron que 30 familias han sido desplazadas desde 2014 “debido al establecimiento de la policía comunitaria encabezada por el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Marco Suástegui Muñoz. Explicó que hay desplazados de las comunidades Las Parotas, Rancho Las Marías, Parotillas y La Concepción.

Mauro Gallegos Salgado, de la localidad de Parotillas, detalló que este día vinieron a recabar información desde la Ciudad de México, hace 15 días ya tuvimos una videoconferencia.

Entre los desplazados, detalló, hay seguidores y opositores a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en el río Papagayo, proyecto emprendido sin éxito por la Comisión Federal de Electricidad desde hace más de 15 años en la zona rural de Acapulco.

Con información de Héctor Briseño, corresponsal