Ciudad de México. Hasta 16 años de prisión podrían alcanzar las personas servidoras públicas integrantes de corporaciones de policía que graben, videograben, fotografíen y transmitan o comercialicen el lugar de los hechos de un crimen y contenga imágenes de cuerpos de mujeres, niñas o adolescentes.

En respuesta a la indignación que generó la publicación de imágenes de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), Ernestina Godoy Ramos, entregó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que incorpora dichas conductas dentro del título de delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos.

Al entregar el proyecto a la presidenta del órgano de gobierno legislativo, Isabela Rosales Herrera, Godoy hizo un llamado además a los medios de comunicación para que “no hagamos negocio con el dolor de las víctimas” y aclaró que no corresponde al organismo ni restringir la labor de la prensa.

Rosales Herrera recordó que existen antecedentes de revictimización a través de la publicación de imágenes de las víctimas en los casos del multihomicidio de la colonia Narvarte, donde cuatro de las cinco víctimas eran mujeres, así como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que fueron motivo inclusive de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina para que la entonces Procuraduría General de Justicia estableciera protocolos para evitar la filtración de información e imágenes.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, de Morena, quien acompañó la entrega de la iniciativa, explicó que a partir de lo que señala la iniciativa, las personas que incurran en dichas conductas podrán alcanzar hasta 16 años de cárcel, cuando se trate de funcionarios que pertenecen a instituciones de policía y las imágenes difundidas correspondan a mujeres, menores o adolescentes.

Explicó que se plantea añadir un artículo 293 quater en el que se establece que a quien “indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compre imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que a ley señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”, que a su valor vigente a partir del pasado 1 de febrero, asciende a entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

La pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres; hasta una mitad cuando los cuerpos de dichas imágenes sean de mujeres, niñas o adolescentes y “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policía, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”.

Acompañaron además la entrega de la iniciativa el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, Emanuel Vargas Bernal, también de Morena, la coordinadora de su grupo parlamentario, Martha Ávila Ventura, la también morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, así como las diputadas Leonor Gómez Otegui, del PT, y Teresa Ramos Arreola del PVEM.