Madrid. El juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, decretó la “prisión provisional incondicional y comunicada” y sin derecho a fianza en contra de Emilio Lozoya Austin, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) detenido ayer en un zona residencial de multimillonarios en las inmediaciones de la ciudad de Málaga, al sur de España.

El ex político mexicano, que fue uno de los hombres más cercanos y con más influencia sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto, pasó la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga. Muy temprano fue trasladado al juzgado de primera instancia, en la localidad de Marbella. Lozoya se negó a ser extraditado a México y le aseguró al juez que había llegado a España hace sólo dos días.

Lozoya finalmente no viajó a Madrid, como habían asegurado las propias autoridades judiciales españolas, sino que permaneció en los tribunales de Marbella. Desde ahí, a través de una videoconferencia, rindió su primera declaración ante el juez español.

El magistrado Moreno, que está de guardia esta semana y por eso es quien instruirá los primeros pasos de la causa, le informó a Lozoya de los delitos de corrupción por los que fue detenido a petición de la Fiscalía General de la República de México (FGR), es decir, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

El juez justificó la prisión incondicional como medida cautelar al estimar que había “riesgo de fuga”, dado que Lozoya se encontraba prófugo de la justicia desde mayo del año pasado y que para su detención se llevó a cabo un complejo operativo policial.

Em el operativo participaron agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Málaga, con base en información vital que aportó la FGR.

En su auto, el juez advierte que se basó en “una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España corresponde con blanqueo de capitales".

Además advierte que el delito por el que le reclama la justicia mexicana “tiene una pena máxima de prisión de 15 años”.  Explica que “existe un fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado sea puesto en libertad” y para ello destaca que “en el momento de su detención iba en un taxi con un carnet de conducir con su fotografía pero a nombre de otra persona, de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia.”

El juez también valoró que Lozoya no tiene ni arraigo laboral ni domicilio en España ya que, según explicó él mismo ante el juez, había llegado a España hace sólo dos días.

Del búnker de Málaga a prisión

Según la versión sobre el operativo de la propia policía española, la localización y aprehensión de Lozoya fue muy compleja por el “alto poder adquisitivo” y sus “lazos internacionales”, que le permitieron cruzar varias fronteras antes de llegar a la urbanización de lujo en Málaga e, incluso, pasar por varias localidades españoles.

La zona donde fue detenido Lozoya se llama La Zagaleta y es uno de los refugios acorazados donde se aíslan para disfrutar del sol y los campos de golf multimillonarios de todo el mundo, sobre todo árabes, rusos y estadunidenses.

La urbanización cuenta con un férreo sistema de seguridad dirigido por una élite de ex militares de Europa del Este, que impiden la entrada a cualquier extraño y se encargan de que se garantice el anonimato de las personas que están dentro de la zona vallada.

Después de prestar su declaración, Lozoya iba a ser trasladado a una prisión de Marbella, próxima a la ciudad de  Málaga, en  la sureña comunidad autónoma de Andalucía.

El destino del ex funcionario lo decidirá el juez. Una opción era Alhaurin de la Torre,  una de las cárceles españolas con mayor grado de hacinamiento y donde se ha registrado la mayor tasa de muertes naturales del último año. Otra posibilidad era la cárcel de Archidona.

Desde prisión, Lozoya  esperará las próximas decisiones de la justicia, que previsiblemente será su traslado definitivo a Madrid para estar siempre a disposición del juez.

A partir de ahora, la FGR y el gobierno mexicano tiene hasta 40 días para formalizar los cargos contra Lozoya y presentar los documentos para la petición de extradición.

La causa se elevará entonces a la Sala de lo Penal, que decidirá si otorga o no la extradición.

El último político mexicano de quien se solicitó su extradición a España fue el ex presidente del PRI, Humberto Moreira. Finalmente fue puesto en libertad sin cargos y se rechazó la petición de entregarlo, en esta caso por delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante el caso de Moreira se denunciaron maniobras y presiones ejercidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Embajada de México en España y de su todavía embajadora, Roberta Lajous.