Ciudad de México. Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, presunto líder del grupo delincuencial Los Rojos, que opera en Morelos y Guerrero, obtuvo de un juez federal una suspensión de plano, ya que solicitó la protección de la justicia federal contra actos de incomunicación.

Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en Ciudad de México, concedió la suspensión de plano al líder de Los Rojos y otros de sus colaboradores para que de “manera inmediata” cese la ejecución de tal acto y bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita a los directos quejosos comunicarse con familiares y entrevistarse con defensores.

“En la inteligencia de que la seguridad y custodia de la parte quejosa, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentre, deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto” señala la resolución del impartidor de justicia.

La defensa legal de Mazari Hernández presentó la demanda de garantías el pasado 12 de febrero, en ella señaló que el 10 de enero de este año se constituyó en el Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", pero que no se le permitió el acceso, manteniendo a los quejosos incomunicados.

El juez Brieba de Castro exhortó al Juzgado de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Puente Grande, comisionar al fedatario adscrito para localizar a los quejosos y “los prevenga que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifiesten por escrito si es su voluntad ratificar o no la demanda de amparo promovida, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedará sin efectos” la suspensión.

En agosto de 2019, Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete fue capturado junto a otro sujeto identificado como Marco N, quien se presume podría ser su principal operador.

El Carrete es señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en las entidades de Guerrero y Morelos. Se atribuye a integrantes de su banda criminal el asesinato de la ex alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, ultimada por un comando armado en su casa un día después de que había tomado protesta al cargo, en enero de 2016.

En ese entonces ingresó al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Está acusado de los delitos contra la salud y secuestro, entre otros de delincuencia organizada y se le ha implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Iguala, en 2014.

A la célula criminal denominada Los Rojos se le acusa además de cobrar derecho de piso hasta a los presidentes municipales de la zona sur.