Ciudad de México.  La Secretaría de Gobernación (SG) inició la investigación para esclarecer la filtración de las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla, al tiempo de exhortar a las autoridades a tomar las medidas de protección para evitar la difusión ilegal de imágenes de las víctimas, especialmente en este tipo de casos, y aplicar las sanciones a quienes resulten responsables de ello.

Después de recibir la indicación del presidente López Obrador para que se indague el origen de la difusión de las imágenes de este feminicidio, la dependencia condenó este hecho porque “revictimiza, privilegia el sensacionalismo y el morbo. Esto atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las víctimas y de sus familias”, dijo.

El día de la lamentable publicación del material gráfico, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en su cuenta de Twitter: “el feminicidio de Ingrid y las agresiones a muchas otras mujeres, son actos inaceptables e indignantes; condeno enérgicamente estos hechos y a los responsables de publicar imágenes del crimen”.

Esta mañana el mandatario instruyó a la SG realizar una valoración exhaustiva respecto a las responsabilidades y consecuencias jurídicas de estos hechos, a fin de que no queden impunes. Una vez desahogados los procedimientos se emitirá la resolución correspondiente, indicó Gobernación.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, y se fortalezca la dignidad y el respeto de las mujeres, así como sancionar a los medios de comunicación que no cumplan con ello.

“Adicional a los procedimientos iniciados por la secretaría, se hace un llamado a los medios de comunicación convencionales y digitales, así como a las directivas de las plataformas de redes sociales, para que eviten difundir imágenes de hechos vinculados con feminicidios o de algún otro crimen en los que se haga apología del delito, que impliquen revictimización o que se lucre exhibiendo la imagen de una víctima”, señaló.

La libertad de expresión y de acceso a la información tiene límites, advirtió, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las víctimas, especialmente de violencia de género.

Además de la normatividad nacional vigente en la materia, los medios de comunicación tienen el deber de aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, firmado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Igualmente el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“El caso de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir”, añadió.