La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN) un paquete de 60 acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos que autorizaron las leyes de ingresos de los municipios del estado de Chihuahua, que denuncia, violarían los principios de las libertades de reunión, expresión, los derechos de propiedad, identidad y no discriminación.

En un hecho inédito, la CJEF promovió las 60 acciones, una por cada ley de ingresos municipal, a estas demandas se unió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque esta última impugnó todas estas normas mediante una sola acción.

La mayoría de las acciones promovidas por la CJEF coinciden en impugnar la creación de una tasa adicional del 4 por ciento a los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.

De igual manera se impugna la adición del llamado Impuesto Universitario, que se cobrará también mediante una sobretasa a los impuestos Predial y de Traslación.

La CNDH también denuncia como inconstitucionales otras normas contenidas en algunas de las leyes de ingresos municipales, como la del ayuntamiento de Allende, que impone una multa a quienes duerman en lugares públicos, por el concepto de “falta o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia”.