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propiciar, a través de nuevos puentes, la convivencia familiar y los viajes a destinos turísticos del país, informó ayer Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
Ratificó que será llevado a la práctica el planteamiento presidencial de que, a partir del siguiente ciclo lectivo, las principales fechas cívico-históricas sean conmemoradas en el día que correspondan, en lugar de ser trasladadas a los fines de semana, como ocurre ahora.
Esta mañana me reuní con Alfonso Romo, jefe del gabinete económico, y después con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde convenimos que, de acuerdo con la instrucción presidencial, se respetarán las fechas cívico-históricas del país.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, expuso que el gobierno federal ofrecerá como alternativa a la práctica actual que sea ajustado el calendario escolar para propiciar, a través de nuevos puentes
, el fortalecimiento del turismo interno y beneficiar económicamente a la población local de 143 plazas turísticas del país.
El 5 de febrero pasado López Obrador rechazó los fines de semana largos, porque, dijo, afectan la memoria histórica del país, y anunció que enviará una propuesta para derogar los tres puentes
para que las fechas cívicas sean de descanso en los días en que ocurran.
Los restantes dos fines de semana largos del año serán el tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, y el tercer lunes de noviembre, con motivo del inicio de la Revolución Mexicana.
Según la Sectur, el primer fin de semana largo del año, el pasado día 3, en conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, dejó más de 4 mil millones de pesos sólo por hospedaje.
La propuesta del Ejecutivo fue rechazada por hoteleros, agencias de viajes y la cúpula empresarial del sector, representada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que ven en los fines de semana largos incrementos en los flujos de viajeros mexicanos a ciertos destinos del país.
La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras solicitó a Torruco frenar la propuesta presidencial, porque afectaría a pequeñas y medianas empresas turísticas, así como a prestadores de servicios independientes.