El viernes pasado Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que aún existe mucho margen para ampliar la recaudación fiscal en el país, por lo que no es necesaria una reforma al marco vigente para que el Estado mexicano cuente con más recursos. Se trata de la posición actual del gobierno de la 4T, retractándose de la propuesta anterior de AMLO según la cual habría una reforma fiscal en el segundo trienio de su mandato.

Es muy mala noticia para México, incluidos los empresarios aunque, como tienen visión miope (corto plazo), deben creer que se trata de una buena notificación oficial.Buenrostro se propone aplicar el ABC de la administración tributaria, lo cual significa eficiencia recaudatoria, bajar la elusión y evasión fiscales y combatir la corrupción, según reporta La Jornada. En ese ABC no cabe la justicia tributaria. O, acaso, se piensa que la actual estructura tributaria contenida en las leyes, es la justa: ¿qué hay de las herencias, los legados y las donaciones, por ejemplo?

La mala noticia es que no se pondrá a debate cuál puede ser el volumen de recaudación una vez que se haya aplicado en lo fundamental ese ABC, y qué proporciones efectivas gravarían los distintos tipos de ingreso. La administradora del SAT sabe que México recauda menos del promedio de la OCDE: 34 contra 16 por ciento en México. Pero seguramente también sabe que países como Holanda, Bélgica, Dinamarca o Francia se hallan muy por encima del promedio OCDE; y los empresarios de esos países no están clamando por una disminución de sus obligaciones tributarias.

El que haya elusión, evasión y corrupción susceptibles de ser corregidas no vuelve al sistema tributario en uno necesario para el desarrollo efectivo de México. El SAT tiene en litigio 1.2 billones de pesos, y será de verse cuánto podrá recuperar. La noticia no viene acompañada de la información sobre cómo serán abatidas la evasión, la elusión y la corrupción.

La negación de una reforma fiscal parece un aviso de coyuntura para los empresarios, siempre tan necesitados de buenas noticias para sus bolsillos.

México está ante la necesidad imperiosa de aumentar sustancial y sostenidamente la inversión pública. No habrá crecimiento sostenido en el largo plazo sin un plan de inversiones efectivo. Los empresarios, con especial visibilidad los del Consejo Coordinador Empresarial, no invierten porque, dicen, el T-MEC no es suficiente y porque los índices de confianza son muy bajos debido a un discurso del Presidente sin claridad, o contradictorio, para los inversionistas.

De acuerdo con información del Inegi, de octubre de 2010 a octubre de 2019 el índice de la formación bruta de capital fijo aumentó a una tasa ridícula de 0.8 por ciento anual, lo que arroja las tasas reptantes de crecimiento del PIB que conocemos; si se toma el periodo octubre 2015 a octubre de 2019, la tasa es de –2.4 por ciento anual. Es decir, el bajo crecimiento empezó mucho antes de AMLO y es, con mucho, el producto de las decisiones de los empresarios, pero se permiten responsabilizar al gobierno de lo que ellos provocan. En 2019 las decisiones de gasto público ayudaron a los privados a echar abajo el crecimiento.

Debido a esa realidad es imperioso que la inversión pública crezca. Es inútil repetir que somos la economía número 11, cuando según el FMI somos el lugar 63 medido por el PIB per cápita (2018). Es decir, México posee una economía muy pequeña frente a su enorme población y territorio, y tiene también un Estado igualmente reducido. Salinas y sucesores se encargaron de recortarlo hasta su estrechez actual.

El PIB, además, está brutalmente concentrado. México requiere una economía mucho mayor y su producto mucho mejor distribuido. México requiere, por tanto, una inversión pública que encabece y dirija la formación bruta de capital; es de ese modo que los empresarios se subirán al tren del crecimiento y dejarán de gemir porque no hay confianza.

Porque la inversión pública debería crecer sustancialmente, a efecto de dar tamaño y forma adecuados al aparato productivo, es indispensable una reforma tributaria.

Hoy todo apunta a que el gobierno de la 4T reducirá su horizonte a lo que alcance con sus litigios con unos empresarios tan, tan faltos de confianza… que han esquivado el pago de 1.2 billones de pesos.

Los cuadros y militantes de Morena, con visión estratégica de largo plazo, tienen frente a sí el reto de dar continuidad a la 4T, incorporando la necesidad imperiosa de crear una economía de mucho mayor envergadura, al plazo más corto posible; y un Estado a la altura de las necesidades de toda la sociedad mexicana, no sólo para cubrir las exigencias de confianza de los empresarios. Trabajo digno para todos; los programas sociales, hoy imperiosos, deberán ser, en todo caso, un complemento, no un suplemento, de los ingresos dignos de los mexicanos.

Una reforma fiscal pertinente para el futuro de México ha quedado pendiente.