Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes cesar la prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadío, fallecido recientemente, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en en la “causa de los cuadernos” basada en fotocopias de un supuesto cuaderno de un chofer de un ex ministro, que probarían en el pago de supuestos sobornos para la concesión de obras públicas por más de 160 millones de dólares durante los gobiernos de Néstor Kichner y la su sucesora Fernández de Kirchner (2003-2015).

La justicia señaló que siguen en pie los ocho procesos contra la ahora vicepresidenta, pero se suspendió la última orden de aprehensión que existía contra ella, al entender que no se verifican los riesgos de fuga o de entorpecimientos de la investigación invocados para una medida de ese tipo además de que la propia ex mandataria pidió varias veces ir a juicio oral, para desvirtuar todas las falsedades de este proceso, manejado arbitrariamente por el recientemente fallecido Juez Carlos Bonadio.

Con esta decisión ya no hay ningún otro pedido de prisión preventiva, como el de la fallida causa por la firma del memorándum con Irán, el que nunca se puso en práctica, además había sido votado por absoluta mayoría en el Congreso.

Bonadio fabricó causas como la de las fotocopias de los cuadernos, que eran un verdadero escándalo para la justicia. Por esta razón de nueve jueces que podían suceder a Bonadio, al menos tres han solicitado que no competirán porque no quieren hacerse cargo de ese juzgado, ni siquiera transitoriamente hasta que sea el elegido el juez que finalmente remplazará a quien, señalan analistas, convirtió los tribunales en uno de los elementos de la implantación del llamado lawfare, donde se alian medios de comunicación y periodistas, servicios de inteligencia estatales y extranjeros para fabricar acusas y perseguir a dirigentes políticos, no manejables para Estados Unidos.

La llamada “causa de los cuadernos”, donde aparecían ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y empresarios a los que supuestamente se pedían sobornos para realizar obra pública derivó en lo que hoy es evidente, la utilización “mafiosa” de la extorsión a presuntos testigos protegidos, a los que se los inculpaba indebidamente para forzarlos a acusar a la ex mandataria o sus más cercanos colaboradores, señalan juristas.

La extorsión denunciada por un empresario de la provincia de Buenos Aires, llevó a la detención de un supuesto abogado y agente de servicios de inteligencia varios y al hallazgo de una cantidad de documentos que demostraban la implicación de la justicia, los medios, funcionarios y servicios de inteligencia originando la causa más importante de los últimos tiempos a partir de febrero de 2019, en la que están entre otros imputados, el fiscal Carlos Stornelli, quien trabajaba con el juez Bonadio en el armado de causas falsas.