Ciudad de México. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) implica “mayores riesgos” para el país que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a “las graves concesiones” en materia energética y en la solución de controversias entre Estado e inversionistas aceptadas en los acuerdos bilaterales con el vecino país, advirtió John Saxe-Ferández, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Humanidades de la UNAM.

Las grandes corporaciones podrán demandar al Estado por pérdidas de ganancias potenciales a causa de políticas públicas a favor de poblaciones afectadas, por interés público o de medio ambiente, con lo cual, dijo, se cometerá un “Estatocidio, la muerte al Estado-nación”.

“Con el T-MEC no hay ninguna mejora, sino un empeoramiento en la relación México- Estados Unidos”, puntualizó el investigador al participar en el panel El T-MEC y los desafíos para transformar a México con innovación, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Sostuvo que aunque el T-MEC fue negociado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue aprobado por unanimidad y aceleradamente por los senadores que procedieron “con la mayor opacidad, con una fuerte amnesia histórica y sin llevar a cabo una discusión pública”.

Eso, fustigó, fue “un craso error” y en el T-MEC quedó consignado “un estatuto de supeditación colonial de México, que abre espacios en el sector estratégico de la energía y de los recursos naturales al gusto de la Casa Blanca”, poniendo en riesgo a la población más pobre y vulnerable del país, eje del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Superexplotación del fracking

Las grandes firmas petroleras y gaseras tienen la intención de acelerar aún más la práctica del fracking (fractura hidráulica) al sur del Río Bravo, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato presidencial se ha opuesto a ello, dijo el especialista

Explicó que con el tratado anterior, Pemex ofrecía resguardo ante potenciales riesgos “pero ahora el T-MEC da garantía de secreto comercial para asegurar la superexplotación mediante el fracking en México y resguardar las letales fórmulas químicas en caso de litigio”.

Corporaciones pueden demandar al Estado mexicano.

En cuanto al sistema para solución de conflictos o controversias entre inversionistas con el Estado existe desde el TLCAN pero se ratificó con el T-MEC, Saxe sostuvo que es un mecanismo ajeno al derecho internacional, con una asignación “extravagante” a favor de grandes empresas que pueden demandar a México en tribunales “supranacionales”, específicamente en casos de contratos gubernamentales en los sectores energético, telecomunicaciones, infraestructura y transportes.

“Eso significa que le será imposible al gobierno actual o gobiernos futuros realizar cualquier cambio a la reforma energética privatizadora”, ponderó el también colaborador de La Jornada.

Tal mecanismo, abundó, “conduce a un abolimiento de cualquier dimensión que la Cuarta Transformación pueda traer, porque es unilateral ya que el Estado no tiene capacidad para colocar en el asiento de los acusados a las grandes corporaciones y, en cambio éstas pueden demandar a los gobierno por ciento o miles de millones de dólares por pérdidas de ganancias potenciales, sea por políticas públicas a favor de poblaciones afectadas, por interés público o de medio ambiente”.

“Es un grave riesgo para el país y está en el T-MEC, y no fue negociado por este gobierno sino por el anterior… Es inadmisible y totalmente ajeno a la Cuarta Transformación. En el T-MEC los riesgos para México son mayores porque aunque el tratado es trilateral, Estados Unidos bilateriliza la relación con Canadá y con México con grandes ventajas. Es una asimetría aumentada. Es un Estatocidio, una muerte al Estado-nación”.

En cambio, Estados Unidos y Canadá acordaron que el arbitraje entre inversionistas y Estado se limita a tribunales nacionales o locales o mecanismo Estado-Estado.