Sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable; en consecuencia, y de acuerdo con el artículo 25 del reglamento, la CIDH solicita al Estado mexicano tomar las providencias necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta cinco kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, dice la CIDH en su resolución 07/2020 .

Al tomar su decisión, la CIDH tomó nota de la cuantiosa información que indica la existencia de grave contaminación ambiental en el río Santiago y el lago Chapala y observó con preocupación los estudios aportados por los solicitantes, agrega. Destacó los análisis que ligan la contaminación del río, el lago y su entorno cercano a enfermedades renales y la presencia de pesticidas en la orina de menores.

La situación de riesgo de las poblaciones concernidas puede, en efecto, verse agravada, según los solicitantes, por la existencia de rudimentarios centros de salud, sin medicinas ni la infraestructura para atender a los enfermos renales, que tienen que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para su atención médica.

La CIDH además critica la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, que se refiere a construir o habilitar plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo y ancho de la cuenca.

En su resolución, la CIDH enfatiza que el Estado deberá adoptar medidas pertinentes “para dar un diagnóstico médico especializado a las personas beneficiarias, tener en cuenta la alegada contaminación, proporcionarles atención médica adecuada, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables.

Asimismo, se ha solicitado que haya un acuerdo con las personas beneficiarias y sus representantes sobre las medidas a implementarse y se informe sobre las decisiones adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas”.

Las disposiciones de la defensoría internacional se emitieron a la par que, invitado por el Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto, que encabeza Raúl Muñoz, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, hizo ayer un recorrido por la confluencia del canal del Ahogado y el río Santiago, en los límites entre El Salto y Juanacatlán, el foco contaminante más evidente en toda la cuenca.

A lo largo del recorrido, el ombudsman constató la gravedad de la situación y dijo que será documentada para actualizar una recomendación que ya desde 2009 la CEDHJ había realizado sobre el mismo tema.

El miércoles pasado el gobernador Enrique Alfaro organizó lo que llamó macroexcursión para mostrar las obras por más de 800 millones de pesos que realiza su gobierno en contribución al saneamiento de la cuenca, gira a la que acudió también el presidente de la CEDHJ, además del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, legisladores e investigadores ambientalistas, entre un centenar de personas. En esa ocasión la gira del gobernador evitó llegar a los puntos que este viernes el Comité de El Salto mostró de manera directa al titular de la CEDHJ.