Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe informar si las pensiones para los trabajadores de la llamada generación de transición se seguirán calculando con un tope máximo de 25 salarios mínimos, como lo dice la ley vigente o, si promoverá la reforma legal para adoptar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya jurisprudencia determina el límite de 10 minisalarios, afirmó Gustavo Leal Fernández, investigador y colaborador de este diario.

El especialista en el tema de la seguridad social advirtió que la resolución de la SCJN se emite después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que este año se diseñará la reforma al sistema de pensiones.

Eso llama la atención porque la jurisprudencia de la SCJN podría ser un primer paso hacia ese cambio o una señal de la preocupación que existe en el gobierno federal por el costo fiscal que representan las pensiones a que tienen derecho los empleados que empezaron a cotizar en el IMSS antes del primero de julio de 1997, cuando entró en vigor el sistema de cuentas individuales para el retiro.

De acuerdo con información oficial, en este grupo de transición, están entre 8 y 9 millones de personas, de las cuales la mitad ya tiene su pensión. La otra mitad, unos 4.5 millones de empleados, la obtendrá en el transcurso de los siguientes 30 años, cuando cumplan los requisitos (60 a 65 años de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización).

Podrán tener una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, con base en el anterior sistema de reparto solidario (Ley de 1973) y con el límite de 25 salarios mínimos.

El tope también aplica para los individuos que obtengan pensión por invalidez y vida.

Hasta ahora, alrededor de 200 mil trabajadores en retiro de la generación de transición entre las leyes de 1973 y 1997, tienen una pensión con el monto máximo, entre ellas las 34 mil personas que concluyeron su vida laboral activa en 2019. Todos ellos cotizaron al IMSS con el equivalente a 10 o más minisalarios.

De ser el caso, si el IMSS decidiera cambiar la ley, los trabajadores activos que cotizan al Seguro Social desde antes del primero de julio de 1997 y perciben más de 10 salarios mínimos estarían en el supuesto de una pensión máxima de 10, con base en la jurisprudencia del pasado 24 de enero.

El tema generó ayer, desde temprana hora, un revuelo en redes sociales, motivado por la información publicada por un diario capitalino sobre la supuesta afectación que tendrían las pensiones del Seguro Social, cuando la jurisprudencia tiene efecto directo, únicamente, para la toma de decisiones en los juzgados en que se ventilen demandas de inconformidad relacionadas con el cálculo de pensiones.

Leal Fernández, investigador de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y colaborador de La Jornada, advirtió que el director del IMSS, Zoé Robledo, tendrá que informar lo que hará ese organismo o, si como ocurrió en 2010 cuando hubo una primera jurisprudencia en el mismo sentido, el Consejo Técnico, máximo órgano de decisión del Seguro Social, simplemente no hizo nada y tampoco hubo cambio alguno.

En esa ocasión, la jurisprudencia 85/2010 generó un intenso debate, por lo que se criticó como un cambio repentino que afectaría, en ese momento, a un millón 200 mil empleados aproximadamente.

Leal Fernández agregó que el director del Seguro Social también tendría que informar, de ser el caso, sobre la cantidad de trabajadores activos que por su nivel de ingreso verían disminuida su pensión, con base en un cálculo distinto al que está vigente en la actualidad.

Hace unos días, Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), comentó sobre la próxima reforma al sistema pensionario, la cual, dijo, será de gran calado, pero no tendrá ningún impacto en los trabajadores de la generación de transición.

Precisó que la preocupación del gobierno federal está en los empleados que están ahorrando para el momento de su retiro, pero que se prevé que al final de su vida laboral no tendrán lo suficiente para obtener una pensión digna.