Chilpancingo, Gro. Durante su visita al poblado de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, por segunda ocasión consecutiva, el gobernador Héctor Astudillo Flores, se comprometió, este lunes, a que los responsables que hayan cometido crímenes en esta región, serán localizados y se les aplicará la ley.
El gobernador habló ante pobladores indígenas nahuas de la comunidad Alcozacan, y de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores(CRAC-PF), quienes le demandaron justicia para las familias de 10 músicos que el pasado 17 de enero, fueron asesinados por un grupo de civiles armados.
Acompañado por funcionarios de su gabinete —entre ellos Carlos de la Peña, secretaria de Salud; Mario Moreno, de la Sedesol; Arturo Salgado Uriostegui de la Secretaría de Educación, y Mayra Martínez de la Secretaría de la Mujer— el ejecutivo estatal entregó a los indígenas diversos proyectos, entre los que destacaron molinos de maíz, máquinas de coser, e instrumentos musicales.
Allí también, Astudillo Flores, hizo un llamado, principalmente a los coordinadores de la CRAC-PF, y a los comisarios y representantes de los 16 pueblos aglutinados en ese sistema de justicia comunitaria, a mantener la paz. “Queremos que haya paz entre los pueblos; que haya paz y tranquilidad. Iré a otros pueblos y también les voy a pedir lo mismo”, apuntó.
También anunció que en Alcozacan, ha comenzado la construcción de 23 casas para las viudas, entre las que destacan las familias de los 10 músicos asesinados el pasado 17 de enero. Y dijo que se implementarán proyectos como Un cuarto Más, por parte de la Sedesol; el otorgamiento de actas de nacimiento por parte del Registro Civil; talleres de música por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas, además de talleres y eventos deportivos por parte de la Secretaría de la Mujer, y de la Secretaría de la Juventud.
Desplazados por la violencia
Por otra parte, en conferencia de prensa realizada en Chilpancingo, habitantes de San Jerónimo Palantla, y de Xochitempa, denunciaron que miembros de la la CRAC-PF que opera en el municipio de Chilapa, los obligaron a dejar sus casas en julio pasado.
Por eso, representantes de 12 familias desplazadas pidieron a los tres órdenes de gobierno, el desarme de es policía comunitaria que opera en el municipio de Chilapa.
Los vecinos comentaron que el pasado 11 de julio un grupo de indígenas de San Jerónimo Palantla, fueron emboscados por la CRAC-PF a la altura del poblado de Lamazintla; tres días después de que protestaron en Chilpancingo por falta de apoyos.
“Días después se convocó a una asamblea a la que acudieron 12 familias de Xochitempa, pero cuando querían regresar a sus casas la CRAC ya no los dejó, desde entonces están refugiados en nuestra comunidad”, dijo Constantino Calvario Merino, comandante municipal de San Jerónimo Palantla.
Agregó que entre los desplazados, hay 25 niños, que permanecen en Palantla. “Pedimos al gobierno estatal que también a ellos se les voltee a ver. Tenemos en total más de 15 personas que han sido asesinadas en los últimos años”.
Finalmente anunciaron que el próximo 8 de febrero, San Jerónimo Palantla conmemorará un año más de la matanza de cinco indígenas afuera de su comisaría, y acusan a la CRAC-PF, de haberlos asesinado el 8 de febrero del 2015.
