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Postura de INM no es aislada; el Estado busca estigmatizar activismo: WOLA

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Migrantes hondureños se encuentran en el albergue Belén, dirigido por el padre Cesar Canaverla, ubicado en Tapachula, Chiapas. Foto Víctor Camacho
31 de enero de 2020 17:13

La medida de suspensión temporal del ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de asociaciones de sociedad civil que había tomado el Instituto Nacional de Migración (INM) no es una acción aislada, sino se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional, expuso un grupo de organizaciones internacionales.

El 28 de enero mediante un oficio el INM había implementado esta medida que fue desconocida por la Secretaría de Gobernación. Ayer, jueves organizaciones se reunieron con autoridades mexicanas y acordaron, entre otros, revocar el documento.

Sin embargo, organizaciones como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunciaron que esta postura no ha sido aislada.

Antes de la publicación del oficio, organizaciones de sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, denunciaron que autoridades mexicanas les negaron acceder a estaciones migratorias para monitorear la situación de derechos humanos de las personas migrantes. Luego de la publicación del oficio, esta negativa se extendió a la mayoría de las instalaciones migratorias del país.

Ante ello las organizaciones firmantes, entre ellas, el Colectivo “Dignidad Sin Fronteras”, San Salvador, El Salvador Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA), “denunciamos que al obstaculizar la labor de las organizaciones de sociedad civil, México deja en total desprotección a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, limita su acceso a la justicia y al debido proceso, y las expone a graves riesgos para su integridad y su vida”.

México, dicen las asgrupaciones, también incumple su obligación de garantizar las condiciones necesarias para que las personas y organizaciones defensoras puedan ejercer su labor sin obstáculos y de manera segura.

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